Gabriel Morales/El Andaluz
Autoridades locales de Loreto, Perú, aprobaron entierros masivos de víctimas de la pandemia, pero nunca se lo dijeron a las familias que creían que sus seres queridos estaban enterrados en el cementerio local y solo meses después descubrieron la verdad.
La brutalidad de la peste en esta ciudad remota se concentró en los pasillos abarrotados de sus dos únicos hospitales donde los pacientes morían sin recibir ayuda porque los escasos médicos y enfermeras no tenían medicinas, ni oxígeno, ni capacidad disponible para ayudar a los enfermos.
En marzo, el Gobierno Nacional del Perú ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios, la norma se modificó en abril permitiendo los entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir, una vez superada la capacidad de logística para los entierros y el incremento de casos, esta ceremonia también se prohibió, dando paso a la horrenda escena.
