El Andaluz/ Yacuiba
La Asamblea Regional del Chaco recibirá el miércoles 24 de marzo un informe oral por parte del gobernador regional José Quecaña, referido a la transferencia de recursos a los gobiernos municipales, enmarcados en las leyes 3861 y 3038. La Alcaldía de Yacuiba reclamó públicamente en reiteradas oportunidades que el Gobierno Regional les adeuda un monto que sobrepasa los Bs 40 millones y que son destinados a educación, salud y desarrollo productivo.
El presidente de la Asamblea Regional del Chaco, Mario Aldana, informó que el 18 de marzo se llevó adelante una sesión ordinaria en Caraparí para escuchar el informe oral del ejecutivo regional, José Quecaña, sobre las leyes 3861 y 3038, referidas a la transferencia de recursos para educación, salud y desarrollo productivo.
“La convocatoria fue realizada en el marco de la fiscalización y el Ejecutivo regional ha asistido; sin embargo, solo llevó información que corresponde a Yacuiba y no así a toda la región, nos referidos a Villa Montes y Caraparí. Entonces ha solicitado el aplazamiento y se le dio tres días hábiles para que presente todo el desglose y el informe físico”, mencionó Aldana.
El plazo para Quecaña se vence el miércoles. Además de la información, la autoridad regional debe responder el cuestionario que la Asamblea Regional le paso. “Esperemos que el miércoles tenga toda esta información para que la Asamblea decida”, añadió Aldana.
La solicitud de informe surge luego de reclamos por parte de la Alcaldía de Yacuiba, protestas y paros de padres de familia y salubristas, respectivamente, debido a la falta de transferencia de recursos, establecidas en dichas leyes, por parte del Gobierno Regional, situación que afectó salarios y la continuidad de programas.
La municipalidad aseguró que la administración de Quecaña recibió el 26 de febrero más de Bs 30 millones de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondientes a enero y febrero del año lectivo. “Pero a pesar de contar con este dinero no muestra ni la mínima voluntad de transferir a la alcaldía por concepto de la deuda por las leyes 3038 y 3861”, dijo el alcalde Ramiro Vallejos, a principios del mes.
Por la Ley 3038, la deuda acumulada para educación hasta el 2021 es de Bs 7.115.552, mientras que para salud, por esta misma norma, suma Bs 11.596.161. En lo que corresponde a la Ley 3861, de desarrollo productivo, lo adeudado es Bs 19.425.116; y de esta misma ley, pero referente a Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el monto se hace Bs 1.923.396. El burgomaestre especificó que todo lo adeudado suma Bs 40.060.227.
Aldada mencionó que la Asamblea Regional debe dejar en análisis lo que pasa con estas leyes porque consideró incoherente transferir recursos para salud cuando el Gobierno Regional tiene competencias en salud y lo propio en el tema productivo. “Las siguientes autoridades tienen que definir cuál será la tuición del Gobierno Regional”.
