Osmar Arroyo/El Andaluz
El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Marco Antonio Guaygua informó a El Andaluz Noticias de Tarija que se concluyó el trabajo en la mesa 1, 2 y 3 sobre la revisión de los documentos para la transferencia definitiva de la variante Canaletas-Entre Ríos.
“Estamos en la ruta crítica para la entrega de la variante”, expresó.
Falta todavía concluir el trabajo de la mesa 4 y 5, una es sobre el tema medioambiental y la última mesa sobre el diseño final.
Indicó que se prevé realizar una segunda reunión de evaluación entre el jueves o viernes para que posteriormente la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pueda informar cuando llegarán los técnicos de la institución de la ciudad de La Paz a Tarija para revisar la documentación del diseño final y poder ayudar a subsanar todas las observaciones que se tengan.
En ese punto se tenían problemas, porque parte de la documentación del diseño final estaría en manos de la Subgobernación de la provincia O´Connor y otra documentación la tendría la gobernación.
El presidente cívico espera que se pueda concluir con todo el trabajo hasta el 15 de abril, para que a más tardar hasta el 15 de abril se pueda concretar la transferencia definitiva del tramo de la variante Canaletas-Entre Ríos de la gobernación a la Red Vial Fundamental (RVF) para que la ABC se haga cargo del mantenimiento de la vía.
Piden que vuelva a la ABC la competencia del trajo Isiri-La Central
Otro tramo con el que se tiene problemas es el que se encuentra en Villa Montes, Isiri-La Central, proyecto que esta en manos del Gobierno Regional de Villa Montes y que por falta de recursos se encuentra paralizada hace varios años.
Los cívicos estan planteando que se resuelva el convenio que se firmó hace varios años para transferir las competencias del tramo al nivel departamental, esperan que se pueda llegar a un consenso en el tema para que la ABC pueda hacerse cargo del proyecto para concluirlo.
Al momento dijo que se tendría una deuda con la empresa a cargo de la obra, alrededor de 36 millones de bolivianos que se adeudan y que deben pagarse en caso de que se decida resolver el contrato de la obra.
