(Roberto A. Barriga/El Andaluz)
El día de ayer el municipio de Cercado realizó la destrucción de casas que estaban asentados en terrenos públicos de la alcaldía. Existió resistencia y hubieron arrestados, autoridades apuntaron que son personas contratadas por terceros y no compradores los asentados. Se trataría de una familia de apellido Calisaya, que estaría operando hace años en Tarija.
La cabeza de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, indicó en reiteradas oportunidades que un ciudadano de apellido Calizaya estaría tras varios loteamientos, avasallamientos, en la ciudad de Tarija, sería un clan familiar que estaría dedicándose a este rubro hace bastante tiempo.
Esta vez se ubicaron en los límites públicos de tres barrios, Eucaliptos, 15 de Agosto y Panamericano, la alcaldía procedió a el operativo de demolición de las construcciones que existían en el lugar.
También el presidente de la FEJUVE, Víctor Azero, habría denunciado que el clan Calizaya hace tiempo operaria realizando avasallamientos en distintos lugares de la ciudad de Tarija. Azero dijo que es el modus operando de los asentados, contratan “gente borracha para intimidar gente, colocan a niños en primera línea y ni siquiera son los compradores, defienden para terceros” explicó ante El Andaluz.
Esta familia operaría al igual que el clan Poma, perteneciente al ex asambleísta y ex cónsul en España Marcelo Poma, quien fue acusado en repetidas oportunidades y señalado como loteador y avasallador.
En el año 2012 el periódico El País publicó que el asesor jurídico del Comité de Defensa Social de la Propiedad Privada y Pública en ese entonces, Tamer Medina, reveló que dentro de los casos denunciados ante la Fiscalía sobre asentamientos ilegales, cuatro testigos habrían revelado que el asambleísta suplente del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Burgos, fue promotor de los avasallamientos y asentamientos en la ciudad de Tarija. También dijo que el asambleísta Marcelo Poma fue mencionado como asesor de los asentados.
Medina informó que la fiscal Grushenka Romero, inició ayer con las declaraciones a cuatro personas que fueron citadas en el caso en calidad de testigos, por el Comité de Defensa Social de la Propiedad Privada y Pública.
Dijo que estas personas participaron directamente en los asentamientos. Sin embargo, aclaró que, según las declaraciones, éstas fueron llevadas con engaños de los dirigentes para cumplir el cometido, luego las habrían alejado del mismo, por haber reconocido a los propietarios.
Según Medina, uno de los casos que investiga la Fiscalía es el asentamiento en la zona Lourdes (terrenos de Walter Guerrero). «Dos testigos afirman que la organización de este asentamiento se llevó a cabo en las oficinas del señor Ramiro Burgos, donde primero decidieron asentarse en los predios de YPFB ubicados en el barrio Guadalquivir y como había mucha oposición de la opinión pública se retiraron de allí y fueron a la propiedad de Guerrero», reveló.
Los testigos habrían afirmado que Burgos los llevó con mentiras a los terrenos de Guerrero, porque les habría dicho que tenía tratos de compra y venta con el propietario, incluso habría mostrado algunos documentos, aparentemente falsos.
En el año 2013 el medio digital La Voz de Tarija público que existe desde el año 2013 una ley que sanciona a las personas que se dedican a realizar los denominados “loteamientos” o avasallamientos, esta actividad en Tarija continúa generando problemas, además muchas víctimas que son engañados por las personas que se dedican a ese hecho delictivo.
La creación de nuevos barrios da lugar a que diferentes personas se apropien de tierras tengan o no un propietario legítimo, con el objetivo de negociar con la venta de estos terrenos a precios que no tienen ninguna regulación.
El director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, ha admitido que existen una serie de denuncias por avasallamientos de tierras en diferentes zonas, pero no pueden intervenir cuando ya existen procesos penales, al ser los administradores de justicia, los responsables de resolver este tipo de conflictos.
Versión de la alcaldía
En cumplimiento de una resolución del Gobierno Municipal, este miércoles 10 de febrero se procedió a la demolición de viviendas cuya construcción se encuentra fuera de norma en la zona de Aranjuez, a unas cuadras de la avenida Integración.
Dichas construcciones no cuentan con los documentos respectivos e invaden un área que es de propiedad pública.
El director de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, informó que son 5 viviendas, 2 de las cuales se encontraban ocupadas por personas, y después de un año de proceso administrativo, ahora se cuenta con una resolución de demolición para aplicarse en el área declarada como propiedad municipal por sus características.
Es así, que a partir de todo el proceso la justicia a determinado recuperar los espacios para la propiedad pública, frenando el avasallamiento de terrenos privados sobre públicos.
Por su parte el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal, Carlos Baldivieso, manifestó que en coordinación con la DOT, se ha estado en el lugar donde se verifica la tala de árboles y loteamiento, por lo que se ha acompañado la recuperación del área.
“Quienes están asentados no tienen voluntad de llegar a un diálogo, sino más bien de confrontación. Se ha procedido al desalojo y demolición acorde a normativa, vamos a recuperar el área verde para la ciudad de Tarija e iniciar la reforestación con ejemplares nativos”, mencionó.
La directora de Orden y Seguridad Ciudadana, Lorena Cayo, afirmó que están acompañando el trabajo de la Guardia Municipal para coadyuvar en dar cumplimiento a la resolución emanada por la justicia, remarcando que los loteadores ya tenían conocimiento del proceso hace un año.
Si bien se ha procurado que el desalojo sea de manera voluntaria, la funcionaria indicó que ha sido necesario un proceso ya que las construcciones invaden una quebrada.
Guzmán 
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