(Roberto A. Barriga/El Andaluz)
La Fundación Tierra, a través de un comunicado emitido a principios de este mes, denunció la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz a favor del exministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic.
En 2009, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió las tierras de la familia Marinkovic porque, según los informes, fueron adquiridas en 1997 de forma ilegal.
“Hace unos días hemos tomado conocimiento de que el INRA estaría consolidando a favor del ministro de Economía, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Este’ de 21.000 hectáreas en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas», señalaba el comunicado denominado Ante el tráfico de tierras en la gestión de Jeanine Áñez.
Tras una entrevista en el Programa No Mentiras, la Fundación Tierra transcribió las respuestas del ex ministro, donde se develaba al compra irregular e ilegalidad en torno al caso.
Reconoce que las tierras están a nombre de sus hermanas y su hijo y que costó mucho el trámite de titulación (min. 15:15), según publicó la Fundación Tierra.
Afirma que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que “obliga y conmina al INRA a hacer resoluciones finales” (min 5:40). Más adelante (min. 13:50), reitera que hay sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental que “obligan al INRA a titular estas tierras”. Sobre este punto, debemos hacer una precisión y aclaración. Las declaraciones son imprecisas, pero asumimos que se refiere a la Sentencia Agroambiental S1ª Nº 44/2016 de 17 de junio de 2016 que anula una resolución del INRA (Resolución Administrativa RA-SS Nº 2051/2015 de 22 de septiembre de 2015), y obliga a subsanar las irregularidades y la elaboración de un nuevo Informe Técnico-Legal. En palabras simples: pide que el trámite retroceda un paso y continúe, pero no “obliga ni conmina al INRA a titular esas tierras”. No lo puede hacer el Tribunal Agroambiental porque no es su función y estaría suplantando las atribuciones del INRA, publicaron.
Existe un antecedente más: el INRA, el 2019, en apego a la mencionada sentencia, emitió un nuevo informe subsanando las observaciones y ratificándose en que no corresponde más de 5.000 hectáreas. En la gestión del gobierno transitorio (2020), se anuló este último informe para facilitar la entrega 21.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte y 12.000 hectáreas en Laguna Corazón.
En suma, no existe tal Sentencia Constitucional ni Sentencia Agroambiental que haya dado por hecho que los Marinkovic son dueños de 33.000 hectáreas.
Estas declaraciones están sacando a la luz pública que, además de revisar la actuación del INRA en la gestión de Áñez, debemos prestar atención a la actuación de los Magistrados que firman las Sentencias del Tribunal Agroambiental. Forzaron interpretaciones legales a favor de los grandes intereses agropecuarios.