(El andaluz)
Desde Tarija Bolivia un grupo de abogados decidió enviar una carta al fiscal general del Estado, Fausto Juan Lanchipa Ponce, en el documento solicitan la inmediata aprehensión del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, por daño económico al Estado boliviano en la compra irregular de gases lacrimógenos.
Según el texto redactado, basado en denuncias de un medio de comunicación nacional, se perjudicó al Estado boliviano con seis millones de dólares, el principal autor de este suceso sería el ex ministro Murillo, que según el criterio de los abogados posee indicios de haber cometido un delito, por ese motivo Lanchipa debe actuar de forma inmediata.
Observaron que Murillo al haber sido autoridad puede modificar los documentos de compra, y deshacer las pruebas que lo incriminan.
Por otra parte el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque pidió ayer al ministro de Gobierno Arturo Murillo y otros miembros del gabinete, someterse a la Ley del Arraigo para rendir cuentas de sus actos de gestión pública.
Dijo que como establece la ley promulgada por la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Eva Copa, todas las autoridades no deben salir del país durante tres meses y someterse a las nuevas autoridades y posteriormente liberarse de esa situación.
Explicó que si el Ejecutivo no lo ha publicado en la Gaceta Oficial no es problema, porque para la Asamblea ya es ley, por lo tanto, los ministros que están en ejercicio ya no pueden salir del país ni las autoridades de los cuatro órganos.
El ministro Murillo a través de su cuenta de Twitter agradeció a todo el pueblo y a los partidos políticos por el comportamiento de ayer domingo. “Tuvimos una jornada tranquila. Esperemos con esa misma responsabilidad los resultados oficiales. Siempre respetaré la democracia, gusten o no los resultados, las urnas son las que hablan”, indicó.
Manifestó que ni los asambleístas podrán salir durante tres meses para rendir informe a las nuevas autoridades, como el caso de la Cámara de Diputados, que deben informar sobre la construcción del nuevo Edificio del Legislativo por 500 millones de bolivianos que fue adjudicada en la gestión de Gabriela Montaño.
Dejando de lado el ambiente político, pidió al binomio presidencial del MAS que trabaje por cada uno de ellos ciudadanos, dejando odios, rencores y darse un abrazo de paz entre todos los bolivianos, independientemente de razas y otras situaciones porque Bolivia necesita más que nunca.
Choque pidió dejar atrás las calificaciones de pititas, motoqueros y otros que deben desaparecer y al contrario constituir sectores sociales organizados como los comités cívicos, centrales obreras que deben representar las verdaderas demandas de la población y no demandas de interés personal.
Murillo queda fuera del gobierno
Tras las Elecciones Generales y ante la censura de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la presidenta, prorrogusita, Jeanine Áñez, mediante un Decreto presidencial, destituyó el lunes a Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas de los cargos de ministros de Gobierno y de Educación respectivamente.
En su lugar, la mandataria designó al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, como Ministro de Gobierno y al viceministro de Educación Superior, Reynaldo Paredes, como Ministro de Educación.
La semana pasada, la Asamblea controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), dispuso la censura de Murillo por no presentarse a la interpelación que dispuso por la compra de armamento no letal con presunto sobreprecio.
Mientras que Cárdenas fue censurado por no asistir a los actos de interpelación programados en el pleno, respecto a las medidas educativas tomadas desde la suspensión de las clases presenciales que derivó con el cierre del año escolar por la pandemia a causa del Covid-19 a principios del mes de agosto.
Por su parte, la presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa, advirtió este lunes con iniciar un juicio de responsabilidades a Áñez, si no sustituía a los ahora exministros Murillo y Cárdenas.
En marzo, la ALP censuró al ministro de defensa, Luis Fenando López por no asistir al acto de interpelación por los hechos ocurridos en la crisis política de octubre y noviembre de 2019, por lo que Áñez lo destituyo del cargo, sin embargo, rápidamente lo restituyó.