(Roberto A. barriga/El Andaluz)
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ordenó al municipio de San Lorenzo, pagar una suma de 42.399 como sanción administrativa, por ocasionar daños ambientales al rio de Erquiz, debido a que Miguel Ávila, alcalde de San Lorenzo, implantó una fábrica de áridos sin contar con licencia ni plan de manejo, es decir ilegal.
Las denuncias se dieron el año pasado, la secretaria de Medio Ambiente, pidió a Miguel Ávila que la planta paralizara sus obras, por lo cual apeló al MAMyA, el cual también falló en su contra, la situación del país en ese momento se tornó complicada, los conflictos de octubre y noviembre impidió dar curso a las sanciones, luego vino la pandemia.
A pesar de tener una prohibición y una multa superior a los 42 mil bolivianos debido a daños ambientales, Miguel Ávila, continuó con la ilegalidad, pues trasladó esta planta a la localidad de Calama, utiliza la misma documentación para impulsar una planta de extracción de áridos que causa daño ambiental, además que no cuenta con las regulaciones establecidas por la ley.
Miran Velásquez, presidenta del consejo municipal de San lorenzo, indicó que recién este año se conoció el fallo en contra del municipio que impide continúe la planta procesadora, además apuntó auditoras para el daño económico que implica la sanción para el municipio de San Lorenzo.
Velásquez apunto que existía una normativa municipal que no concordaba con las leyes nacionales, es decir ilegal, la anularon desde el concejo para que Ávila no siga quebrando la ley y contaminando los ríos. Ante esta situación el alcalde de San Lorenzo, tomó represalias, por lo que le denunciaron por acoso político.
Autoridades que no le importan.
El Andaluz llamó repetidas veces para comunicarse con el secretario de medio ambiente de la gobernación, Pablo Avilés, consciente de la situación jamás explicó porque no se siguió el caso, puesto que Ávila, como representante legal de San Lorenzo, debía pagar la suma superior a 24 mil bolivianos como multa, 15 días después de la notificación, la notificación fue en octubre del 2019, y hasta ahora Avilés no mueve un dedo.
Se pidió en reiteradas ocasiones que preste un informe de carácter público o a nuestro medio para sociabilizarse, sin embargo, la autoridad demuestra no tener el mínimo interés en la fábrica ilegal de Ávila que implantó ahora en Calama, las actividades se realizan bajo su consentimiento sin tomar acción legal. Tampoco explica porque a casi un año de la multa todavía no canceló la multa, las irregularidades son muy grandes. La secretaria de medio ambiente de la gobernación de Tarija, estaría encubriendo la fábrica de áridos ilegal de Miguel Ávila.
La única forma de frenar a Ávila por la vía legal fue que el consejo anulara la ley municipal de áridos, para que no pueda seguir con la actividad ilegal, explicó la presidenta del consejo Municipal, Miran Velásquez, quien se mostró preocupada, porque el daño que esta dejando al municipio es muy grande y otros asumirán sus deudas.
Velásquez explicó que se tiene una gran deuda por fideicomisos por parte de Miguel Ávila, estos prestamos se dieron sin conocer para qué serian ejecutados o para qué proyecto sería destinado, hay preocupación en San Lorenzo.
Sobre la denuncia de la planta de áridos
Vladimir Ríos, comunario Erquiz Oropeza, en contacto con El Andaluz, indicó que el pasado año 2019, se realizó una denuncia a una planta procesadora de áridos por ser implantada sin las condiciones legales, se inició un proceso administrativo en la secretaria de medio ambiente de la gobernación, el cual salió a favor de los comunarios, por lo que el representante legal del municipio de San Lorenzo, el alcalde, Miguel Ávila apeló al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
El ministerio también respondió a favor de los comunarios porque la planta procesadora de áridos tendría un impacto ambiental sin licencia ambiental, ni plan de manejo, el cual prevea una mitigación de sobre el lugar donde se trabajaba.
Lo que llama la atención es que este dinero debería haber sido cancelado 15 días después de la notificación, la notificación fue realizada por el secretario de medio ambiente de la gobernación, Pablo Avilez, el cual fue contactado por El Andaluz para dar respuesta sobre la sanción. Avilés admitió desconocer si el monto fue cancelado, “mire no sé si canceló, estamos haciendo seguimiento a esto, no sé exactamente si canceló o no canceló”.
En voz dubitativa e insegura el secretario desconoció el pago, el municipio de Sal Lorenzo a cabeza de Miguel Ávila deberá cancelar este montó, si es que todavía no lo ha cancelado, el día de hoy se sabrá si se realizó el pago o no de este monto, el secretario informó para El Andaluz que se comunicará con el equipo legal para averiguar sobre el tema.
Vladimir Ríos, comunario de Erquiz, indicó que recién se enteró de este fallo y tuvo posesión de los documentos, el caso es raro ya que pasó mucho tiempo y no se sabe si se aplicó la ley o no.
