El Deber
Llegó el ‘día clave’ en el que la justicia debe dirimir si Bolivia avanza o no en su aspiración de adoptar nuevos eventos biotecnológicos en sus sistemas de producción agrícolas. Hoy, a las 9:30, en una audiencia que tendrá lugar en la Sala Civil Primera de Santa Cruz se resolverá la acción popular interpuesta por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la tecnología.
Los demandantes se oponen al DS 4232, aprobado el 7 de mayo de 2020, por el actual Gobierno, que de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
La jornada empezó con tensión. Un grupo de cultivadores de granos de municipios productivos del norte cruceño bloquea la nueva ruta Santa Cruz-Cochabamba, en el retén de peaje de Puesto Méndez, entre Montero y Portachuelo, exigiendo a la justicia que falle a favor del derecho a producir con tecnologías modernas para alcanzar mayor productividad en campo y hacer frente a factores adversos como la sequía y los ataques de plagas y enfermedades en sus cultivos que dejan cuantiosas pérdidas económicas.
El representante de los productores del Grupo Norte Chané-Peta Grande, Eliazer Arellano, comanda la movilización, aseguró que ellos defienden el derecho a una agricultura eficiente y productiva, dado que la variedad de soya que hoy disponen está llevando a los productores a la quiebra debido al bajo rendimiento.
Hace dos semanas, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) se declaró en emergencia y a tiempo de rechazar la acción popular advirtió que es un atentado a la alimentación de la población y al futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del oriente boliviano, con imprevisibles consecuencias desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
La declaratoria de emergencia de Anapo sumó la adhesión de otras organizaciones productivas cruceñas y nacionales que descalifican la acción popular y observan la falta de argumentos científicos de los detractores. Aclaran que un fallo en contra del uso de biotecnología pone en serio riesgo, a muy corto plazo, el normal abastecimiento de alimentos y miles de fuentes de empleos en el país. Asimismo, alertan un intento de destruir el exitoso modelo productivo cruceño que aporta más del 70% de los alimentos que se consumen en el territorio nacional.
En la otra vereda, los demandantes aducen que defienden el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que prohíben de manera expresa el uso de transgénicos en Bolivia; y que la acción popular ejerce el derecho al acceso a un ambiente sano y libre de venenos químicos y transgénicos.
Hace una semana, la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco sostiene que en plena pandemia su propuesta se refleja en la oferta de más de 250 alimentos agroecológicos que son consumidos y demandados para una alimentación sana para enfrentar la pandemia y reactivar la economía, y agregan que es la mejor evidencia de que la agroecología es vida y el agronegocio, todo lo contrario.
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