Este viernes, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares para seis detenidos en los pasados días en un caso de ciberextorsión en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción, en el sexto piso del Palacio de Justicia.
Entre los aprehendidos se encuentran tres ciudadanos bolivianos y tres venezolanos, todos enfrentando cargos por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y asociación delictuosa. Estos arrestos son parte de una investigación más amplia que ha llevado a la captura de un total de 12 individuos involucrados en la red de cibercrimen afectando a gran parte de la población.
La fiscal Mirtha Mejía, encargada del caso, explicó en detalle el modus operandi de esta organización delictiva la cual funcionaba como red distribuida equipos informáticos a través de redes sociales. Estos dispositivos, que provenían de Perú, eran enviados a Santa Cruz con el software necesario para la emisión ilegal de facturas, facilitando así actividades de ciberextorsión y fraudes financieros. Este esquema permitía a los delincuentes operar de manera encubierta y llevar a cabo transacciones fraudulentas, afectando significativamente la economía y las finanzas del Estado.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará una serie de pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en varias ubicaciones. Estas pruebas sugieren la participación directa de los sindicados en una serie de delitos relacionados con la ciberextorsión y el fraude financiero. Entre los elementos presentados se incluyen equipos informáticos, documentos y registros financieros que respaldan las acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.
Dada la gravedad de las pruebas y la naturaleza delictiva de las actividades en cuestión, la Fiscalía ha decidido solicitar la detención preventiva de los investigados por un período de 180 días en el penal de Palmasola. Esta medida, es necesaria para garantizar que los acusados no interfieran con la investigación en curso y para prevenir la posibilidad de fuga o destrucción de pruebas.
Este caso de ciberextorsión ha generado una gran atención pública y destaca la creciente amenaza del cibercrimen en la región. Las autoridades bolivianas, en cooperación con organismos internacionales, continúan trabajando para desmantelar estas redes delictivas y llevar a los responsables ante la justicia.
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