Osmar Arroyo/El Andaluz
Durante la jornada pasada en sesión del pleno de la Cámara de Senadores se aprobó tres proyectos de Ley referidos al sistema judicial en Bolivia.
La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS) Gladys Alarcón informó a El Andaluz que los tres proyectos se aprobaron con más de dos tercios y que tienen como objeto no permitir la prórroga de mandato de las autoridades electas del órgano judicial.
Alarcón indicó que el primer proyecto de Ley aprobado fue la Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Con la normativa quedarán suspendidas los plazos procesales, en causas en el juzgado agroambiental, causas constitucionales, en materia administrativa, tema disciplinario que es de conocimiento de los magistrados del TCP, consejeros de la Magistratura.
Esta suspensión se aplicará a partir del 2 de enero del 2024, hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales.
Remarcó que no correrán los plazos procesales en casaciones que estuvieran en estas entidades.
También explicó que la Ley propone que se continúe ejerciendo con las competencias del ordenamiento jurídico por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia y continuarán ejerciendo funciones en todas sus salas, incluyendo las constitucionales, juzgados de sentencia y juzgados agroambientales.
En caso de ser necesario, la directora de la Dirección Administrativa Financiera, como máxima autoridad ejecutiva judicial y la directora de la Escuela de Jueces, establecerán sus atribuciones.
Explico que para llenar el vacío que se dejará por las autoridades electas del sistema judicial, cuando terminen su mandato el 2 de enero, asuman el cargo los funcionarios de rango inferior inmediato y no se paralizará todo el trabajo dentro del órgano judicial.
Esta será hasta que se pueda viabilizar la elección de autoridades judiciales que se estima que s lo hará en tres o hasta seis meses del próximo año.
Remarcó que la idea es, no permitir que los magistrados continúen en el cargo, señalando que una prórroga es inconstitucional.
Mencionó que los proyectos de Ley aprobados ayer en el senado se pasan de manera inmediata a la Cámara de Diputados y esperan que se trate el tema con dispensación de trámite y se pueda aprobar las Leyes y ser promulgadas por el ejecutivo nacional.
El segundo proyecto de Ley reestablece la plena vigencia de los artículos 183, 188 numeral 3, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado (CPE),
Recordó que estos artículos hacen referencia a que los magistrados y consejeros del Tribunal de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se dispone, cesarán de sus funciones el 2 de enero del 2024.
Se remarca este tema, debido a que el TCP a través de la resolución constitucional 049 del 11 de diciembre que indica que ellos pueden tener una prórroga en su mandato.
Que pretenden seguir cumpliendo funciones en el cargo, después de cumplido el mandato por el tema de las elecciones judiciales.
Con el proyecto de Ley, se declara la nulidad de esa resolución constitucional y restablecer los artículos, en donde se indica que los funcionarios cumplen su mandato el 2 de enero.
El tercer proyecto de Ley aprobado, es la Ley de Modificación de la Ley 094 para el juzgamiento del presidente o presidenta vicepresidente, altas autoridades ejecutivas, autoridades del Tribunal de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del TCP, del Ministerio Público.
Menciono que la normativa fue modificada por la Ley 612 del 2014 en donde se argumentó que había violaciones a los derechos humanos, había conocimiento del delito.
La normativa tiene por objeto modificar esa Ley para el juzgamiento de estas autoridades.
Para que se pueda viabilizar los procesos de juicio de responsabilidades en caso de haber infringido la normativa.
Dijo que sobre el TCP hay dos denuncias por violar la independencia de poderes, como es el tema de la Sala Constitucional de La Paz que ha declarado inconstitucional las interpelaciones de los ministros.
El proyecto de Ley busca modificar esa normativa, donde por prelación los procesos pueden ingresar.
Por la importancia y emergencia, esperan que se pueda tener la tuición de procesar a estas autoridades en caso de que se cometan delitos.
Indico que se ha mercantilizado la justicia en el país.
Elecciones judiciales
Con la aprobación de estos tres proyectos de Ley en el senado se espera que se pueda concretar las elecciones judiciales o sacar a los magistrados que pese a que saben que cumplen con su mandato el 2 de enero, están poniendo a jueces, sin tomar en cuenta la carrera meritocrática.
Remarcó que las autoridades electas no pueden prorrogarse en su mandato, que es un riesgo.
Dijo que las autoridades del órgano judicial quieren prorrogarse en su mandato y que los legisladores nacionales con este precedente, si quisieran también lo podrían hacer, sacar una Ley y decir que habrá una prórroga de mandato de unos dos años, como habrá jurisprudencia, ante una posible prórroga de las autoridades judiciales.
Dijo que las autoridades judiciales, pretenden hacer una prórroga en sus mandatos a través de una resolución constitucional, lo que reiteró que es inconstitucional.
Dijo que eso no puede ocurrir en un país que es democrático.
Explico que la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, no fue el problema para que no se llegue a concretar las elecciones judiciales, y se lo realice en noviembre pasado como se tenia previsto.
Remarcó que las tres normativas ayer en el senado, fueron aprobados casi por unanimidad de todas las bancadas.
Recordó que desde marzo pasado se viene con el tema de las elecciones judiciales, que se aprobó en el senado pero cuando el proyecto de Ley va a diputados, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Jaureguí, a quién cuestiono por tener denuncias por diferentes temas, esta autoridad manda a consulta el tema al TCP.
Explicó que esa consulta no se debido hacer, puesto que el TCP no puede ser juez y parte en este tema.
Esa instancia tiene 45 días para responder a la consulta y falla faltando dos o tres minutos antes de que de vencer el plazo en el ente legislativo.
Por lo que no se tuvo el tiempo suficiente para aprobar y concretar las elecciones de autoridades judiciales.
Reiteró que el problema no es en la ALPB, que el problema fue mandar a consulta ante el TCP y en la instancia constitucional no se trató el tema con carácter de emergencia y se toman todo el tiempo para dar una respuesta.