Con una acción popular buscan paralizar actividad minera en cercanías del río Pilcomayo

Osmar Arroyo/El Andaluz

Durante la jornada pasada se formalizó una acción popular en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, la que fue presentada en contra de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, FEDECOMIN, por la contaminación a las aguas del río Pilcomayo.

La concejal secretaria de la directiva del Concejo Municipal de Tarija, Marcela Guerrero informó a El Andaluz que la acción popular fue presentada por la senadora Nelly Gallo.

Señaló, que para hablar del tema, primero se debe recordar algunos antecedentes, haciendo referencia a lo que ocurrió la madrugada del 23 de julio del 2022, en la comunidad de Agua Dulce del municipio de Llocalla del departamento de Potosí, se registró la rotura de un dique de colas de la cooperativa minera que opera en el lugar, provocando el derrame de residuos mineros en el río de la zona, el que desemboca en el río Pilcomayo,

La concejal dijo que ese derrame provocó la contaminación del río Pilcomayo y los desechos mineros fueron aguas abajo hasta llegar a los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

Remarcó, que la masa con todos los minerales, con los elementos químicos pasaron por todo el trayecto del río Pilcomayo, dejando residuos, que contaminan sus aguas.

Mencionó que en Tarija se tiene poco consumo de pescado, por la susceptibilidad de la población por la contaminación.

Reiteró, que la acción popular se la presentó en contra de Fedecomin, que plantea realizar acciones constitucionales con la tutela de la acción, una efectiva protección del medio ambiente y la salud, que se ordene el cese inmediato de toda actividad que contamine el río Pilcomayo.

Se solicita el resarcimiento de los daños ocasionados a los pueblos indígenas y campesinos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental.

Guerrero dijo que la contaminación afectó a todas las personas que viven de la pesca, pueblos indígenas, transporte, vendedores, entre otros, sectores que están a la espera de la audiencia de la acción popular.

Remarcó, que la acción popular busca que se proceda en contra e todo acto u omisión de personas o colectivos que amenazan con vulnerar derechos colectivos sobre el medio ambiente.

Explicó, que se debe fijar audiencia en un corto plazo de 49 horas para que la sala constitucional emita una resolución sobre el tema y esperan que éste sea favorable, para que posteriormente vaya a revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En caso de no obtener resultados, se buscará establecer acciones futuras.

La mañana de ayer se presentó la acción popular y diputados, asambleístas departamentales y la concejal Guerrero se adhieren a la acción popular presentada por la senadora Nelly Gallo.

Guerrero dijo que se solidariza con el tema, por lo que ocurrió con los cangrejos en el río en la zona de San Jacinto Norte.

Explicó, que con la acción popular se solicita a los vocales de la sala constitucional entre los primeros puntos, la reparación de los derechos vulnerados, que se conceda la tutela de la acción.

Se pide que se reconozca al río Pilcomayo como sujeto de derechos y que se ordene la suspensión o paralización de toda actividad minera que se desarrolla a lo largo del río Pilcomayo.

Que se verifique el daño ambiental provocado, que se revise los contratos administrativos mineros.

También se solicita que se haga un estudio con enfoque multisectorial a lo largo de todo el río Pilcomayo.

Se solicita que se notifique a las cooperativas mineras que operan en el río Pilcomayo o zonas aledañas y que no cuentan con una licencia ambiental.

Que se paralice todo tipo de actividad de manera inmediata.

Guerrero mencionó que también se pide que el Ministerio de Minería cumpla con las recomendaciones de forma obligatoria en el marco de la responsabilidad que tienen.

Piden reparar el daño, la afectación a especies nativas, fauna y flora en el río Pilcomayo.

La contaminación del aire, de los recursos hídricos, por la contaminación con metales pesados, cobre, arsénico, mercurio, que además, provocan daños a la salud.

Se solicita que se realice un verdadero proceso de consulta previa, vinculadas a la protección de comunidades en su territorio.

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes complementarios, que se garantice la participación de todas las organizaciones sociales, sobre todo de los afectados directos.

También se pide que se remita antecedentes ante el Ministerio Público, tomando en cuenta que la contaminación es un delito que esta establecido en el código penal, como delito ambiental y se tienen que establecer responsabilidades.

Con la acción popular, Guerrero explicó que también se solicita que se ordene a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de realizar en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas controles para evitar la proliferación de la minería ilegal.