Osmar Arroyo/El Andaluz
El proyecto “Ciudad Inteligente” todavía continúa con temas pendientes como el pago de un saldo adeudado a la empresa por más de 4 millones de bolivianos para poder cerrar el proyecto y entregar su administración a la Policía Boliviana.
La concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero indicó a El Andaluz que desde el ejecutivo municipal se informó al Concejo Municipal el pasado 2 de agosto que desde la unidad de Transparencia del municipio se presentó una denuncia formal ante el ministerio Público por el proyecto “Ciudad Inteligente”.
La concejal recordó que ya se había presentado una denuncia en contra de exautoridades municipales por el proyecto “Ciudad Inteligente”.
El 2018 fue presentada ante la Fiscalía una denuncia por el exsenador Víctor Hugo Zamora en contra del en ese entonces alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, pero la denuncia fue rechazada por el Ministerio Público.
Marcela Guerrero dijo que revisó la denuncia y tenía los fundamentos necesarios, pero se desconoce el motivo por el que habría sido rechazada por parte del Ministerio Público.
La concejal también recordó que el proyecto se llevo adelante por un convenio intergubernativo entre el exgobernador de Tarija, Adrián Oliva y el exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira junto con el Comando Departamental de la Policía.
Es de ahí que se tiene un saldo por pagar a la empresa de más de 4 millones de bolivianos, que le corresponderían pagar a la Gobernación.
La concejal explicó que les informaron desde la Gobernación que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el pago de ese saldo y más bien se tienen serios cuestionamientos al proyecto y consideran que se deberían canalizar otros medios para cerrar el proyecto.
En julio pasado en una cumbre de Seguridad Ciudadana, se estableció que en cuánto se cumpla con el pago del saldo del proyecto, la empresa a cargo de su ejecución se haría cargo del mantenimiento y la reparación de las cámaras de vigilancia que en la actualidad no están funcionando.
La concejal Guerrero dijo que con el proyecto “Ciudad Inteligente” se pretendía cerrar el proyecto con el pago del saldo para que se puedan generar las políticas necesarias y mejorar el proyecto.
Para que se tome en cuenta dentro del presupuesto que se requiere, no solo para brindar la seguridad ciudadana, también para ver el uso de la tecnología, para el acceso a ella por parte de las instituciones públicas, pero ahora el tema se encuentra paralizado y no se ha tocado el proyecto.
Esperan que el tema legal se resuelva para abordar los otros elementos sobre el proyecto.
Remarcó que el Gobierno Municipal de Tarija presentó la denuncia ante el Ministerio Público con todos los antecedentes del caso, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y daño económico al Estado.
La concejal dijo que se aguardara para saber la determinación del Ministerio Público, si aceptan o rechazan la denuncia.
La concejal dijo que para este proyecto ya se cancelaron un poco más de 49 millones de bolivianos a la empresa que lo ejecutó, llave en mano.
Desde el Concejo Municipal se busca recabar la documentación necesaria para asumir otras acciones distintas a las que ya se asumieron sobre el proyecto.
Con la documentación se busca respaldo sobre las deficiencias que se han tenido en el proyecto y se presume que se generó un daño económico al Estado.
Remarcó que el proyecto no tiene la funcionabilidad necesaria, que no cumple con los objetivos por los que se ejecutó el proyecto.
La concejal municipal también mencionó que desde el Gobierno Municipal se avanza con una auditoria interna al proyecto, viendo los peritos especializados y se espera que en un tiempo más se pueda ver los resultados.
El tratamiento que se requiere para la fiscalización tecnológica.
Se tienen varios temas pendientes con el proyecto “Ciudad Inteligente”, pero reiteró que esperan que primero se resuelva el tema legal, si no será difícil tocar los equipos del proyecto.
Cámaras de vigilancia
Respecto al mantenimiento y reparación de las cámaras de vigilancia, Guerrero indicó que varias instituciones se presentaron con la intención de ayudar en la reparación de los equipos, pero mientras no se resuelva el tema legal será difícil intervenir.
Mencionó que un vecino del barrio Lourdes le informó que ya se habrían robado una de las cámaras de vigilancia, por lo que ya no serían 151 cámaras, sino sólo 150 cámaras de vigilancia.
Osmar