Osmar Arroyo/El Andaluz
Después de la sentencia constitucional de la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca que otorga la tutela de la acción popular al accionante con el que se suspende la aplicación del actual factor de distribución para el pago de regalías a Tarija y Chuquisaca por Margarita-Huacaya, varias instituciones del departamento se pronunciaron y analizan acciones legales para frenar esta situación.
El Gobierno Departamental se apersonó como tercer interesado al igual que el Gobierno Regional del Chaco. La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó el martes pasado una declaratoria de emergencia por la suspensión del actual factor de distribución, pero desde la Brigada Parlamentaria de Tarija no se ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega informó a El Andaluz que desde su bancada hace un mes atrás enviaron una nota a la presidenta de la Brigada, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Natividad Aramayo para que se convoque a autoridades nacionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tratar el tema, pero no recibieron una respuesta hasta la fecha y tampoco se pronunciaron sobre el tema.
Para el diputado de CC la sentencia constitucional “nos deja muy mal parados” porque consideran que no se agotaron todos los esfuerzos en lo técnico ni en lo legal, en cuanto a una representación de Tarija.
Remarcó que se ve dejadez por parte de algunas autoridades e instituciones, como la Brigada Parlamentaria de Tarija y reiteró que hace un mes hicieron llegar una solicitud a la presidenta para que se pueda emitir un pronunciamiento como parlamentarios tarijeños y convocar a autoridades de YPFB, a los alcaldes municipales y al gobernador de Tarija para elaborar una defensa técnica y jurídica, esto los días previos a la audiencia por la acción popular.
La nota enviada tiene recepción del pasado 6 de julio y la audiencia de la acción popular se realizó el 26 de julio en donde se determinó suspender la aplicación del actual factor de distribución hasta que se cuente con el estudio del nuevo factor de distribución.
“En un mes no hemos recibido respuesta alguna”, expresó Vega y dijo que no se llevó a cabo ninguna acción como Brigada Parlamentaria sobre el tema.
Dijo que no quisiera pensar mal, pero se ve mucha dejadez sobre la defensa de los recursos del departamento, por defender los intereses de Tarija.
El diputado de CC. Cuestiona esta situación y dijo que o no les interesa la defensa de los recursos o es que se estaría siguiendo una instrucción de instancias nacionales por parte de parlamentarios del MAS para no realizar ninguna acción sobre el tema.
El diputado dijo que como bancada de CC. De Tarija continuarán participando de reuniones y las acciones que se asuman como departamento para la defensa de los recursos económicos.
Recordó que se tienen antecedentes negativos sobre el tema de regalías por el campo Margarita-Huacaya, por lo que sucedió el 2012.
Vega considera que la historia se repite ahora, por la falta de importancia que le dan al tema algunas autoridades del partido en función de Gobierno, que deberían responder a los intereses de la población más que a un partido político.
Mencionó que en otros departamentos cuando se afectan sus intereses todos los sectores y autoridades muestran unidad y dejan de lado los colores políticos.
“Indistintamente en Tarija el MAS no sé si pondera a la población o a lo que dicen instituciones del órgano ejecutivo”, apuntó.
El legislador nacional dijo que la Asamblea Departamental de Tarija se pronuncio sobre el tema, a pesar de que estuvieron más de 90 días con las actividades paralizadas, pero en el caso de la Brigada Parlamentaria que la preside el MAS no se pronunciaron.
Lamentó que la solicitud presentada hace un mes no se atendiera, ni siquiera tuvieron la gentileza de responder la solicitud con una negativa.
Sentencia marcará antecedentes jurídicos
El diputado indicó que el suspender el actual factor de distribución para que se aplique el estudio del nuevo factor de distribución para el pago de regalías a Tarija y Chuquisaca de los meses de junio, julio y agosto, significa la retroactividad en su aplicación, lo que va en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado (CPE).
Vega dijo que esta sentencia marcará antecedentes jurídicos a futuro para otros casos, sobre la retroactividad que pretenden aplicar.
Marcará la jurisprudencia de la retroactividad y abrirá la puerta para que se presenten situaciones similares en otros casos.
Incluso, como ya lo había advertido el abogado Marco Cardozo, Vega dijo que Chuquisaca podría solicitar una compensación económica, por supuestos errores en el pago de regalías durante los últimos diez años.
En medios chuquisaqueños ya se refleja declaraciones de autoridades de ese departamento que tienen esa intención.