Preparan recurso contra falló que suspende factor de distribución en Margarita-Huacaya

Osmar Arroyo/El Andaluz

En la pasada jornada se llevo adelante la audiencia por la acción popular presentada por la comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca (ALDCH) que pide suspender la aplicación del factor de distribución para el pago de regalías del campo Margarita-Huacaya entre Tarija y Chuquisaca.

La Sala Constitucional Primera de Chuquisaca determinó dar la tutea de la acción popular al accionante y suspender el factor de distribución para el pago de regalías de Margarita-Huacaya hasta que se cuente con el nuevo estudio del factor de distribución.

Desde el Gobierno Regional Autónomo del Gran Chaco se prepara un recurso de enmienda y complementación, por vulnerar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, al no permitir que técnicos de la entidad autónoma pudieran asumir defensa en audiencia.

Desde la Gobernación, el Gobierno Regional y el abogado Marco Cardozo que se presentaron a la audiencia como terceros interesados, consideran que la decisión de los vocales de la Sala Constitucional fue parcializada, al punto de que los vocales no entendían si quiera qué es el factor de distribución.

El secretario de Gestión institucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, Miguel Salazar informó a El Andaluz que a pesar de no haber sido notificados se apersonaron a la Sala Constitucional como tercer interesado en la audiencia de la acción popular.

Mencionó que vieron con gran extrañeza que no se quisiera recibir el memorial, una parte del equipo jurídico se encontraba en la planta baja y otra parte del equipo en el cuarto piso en donde se desarrollaba la audiencia, esperando ser acreditados como terceros interesados para participar de la audiencia.

Mencionó que desde el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) se indicó mediante memoriales que se notifique al Gobierno Regional, puesto que también es un tercer interesado y que la autonomía regional no esta subordinada a la autonomía departamental, pero esa situación fue omitida por los vocales y no los notificaron, pese a ello se hicieron presentes.

Salazar dijo que le dieron dos minutos para exponer al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y tras el fallo de los vocales, se tenía listo un recurso de enmienda y complementación que pretendía ser presentado, pero la participación del Gobierno Regional en ese momento fue coartada y se cortó el micrófono de la persona que iba a intervenir.

“El Gobierno regional ha sido coartado en el derecho a su defensa”, expresó la autoridad.

El secretario de Gestión Institucional del Gobierno Regional indicó que el primer derecho vulnerado en la audiencia fue al debido proceso y mencionó los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y dijo que al no permitir que el Gobierno Regional emita defensa se vulneraron los artículos 119, 178 y 180 de la CPE.

Anunció que se trabaja en el recurso de enmienda y complementación que será presentado este miércoles en la ciudad de Sucre.

Con el recurso que se prepara se pretende hacer notar de los extremos que se cometieron en la decisión de los vocales de la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca.

Salazar indicó que al tener una resolución que da tutela al accionante, en este caso considera que la resolución cae en vicio de nulidad, porque se ha vulnerado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.

“La autonomía regional no esta subordinada a la autonomía departamental, en ese entendido se está haciendo el recurso, a objeto de que la Sala Constitucional que ha dictado el auto enmiende y complemente bajo estos fundamentos”, apuntó.

Reiteró que a su criterio, la decisión fue parcializada, un fallo que contraviene el ordenamiento jurídico.

Indicó que al determinar que no se pague regalías con el actual factor de distribución vigente, ha indicado que se pague regalías con el nuevo estudio que recién saldrá en septiembre.

Para Salazar esa decisión es determinar que se aplique el nuevo estudio de forma retroactiva, con un nuevo factor de distribución que en este momento es incierto y que a su parecer vulnera la carta magna de Bolivia.

“Una resolución contraria a la Constitución y las Leyes”, agregó, a tiempo de señalar que los vocales habrían cometido el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Gobernación analiza acciones

El secretario de Gestión Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), Jorge Bacotich indicó a El Andaluz que si bien la acción popular fue presentada en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como terceros interesados en el tema están la Gobernación de Tarija, el Gobierno Regional y los once Gobierno Municipales del departamento porque podrían resultar afectados con esa decisión.

Para Bacotich ya en junio pasado las autoridades de la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca tomaron una decisión a priori, sin conocer si quiera que es el factor de distribución del pozo H1B de Margarita-Hucaya.

Para la autoridad este fallo se aleja de lo constitucional, porque se establece la aplicación de un nuevo estudio con retroactividad.

Señaló que el Gobierno Departamental analizará las acciones que se puedan asumir ante la decisión de los vocales de la Sala Constitucional sobre el factor de distribución.

Remarcó que la autonomía regional no esta subordinada a la autonomía departamental y por lo tanto, corresponde que el Gobierno Regional se apersonará como tercer interesado al igual que el Gobierno Departamental.

Indiferencia política y social

Marco Cardozo que se apersonó a la audiencia como tercer interesado como presiente de la comisión de Alimentación Complementaria en Unidades Educativas de Tarija, indicó que en la audiencia de la acción popular estuvo ausente la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y la Asamblea Regional del Gran Chaco (ARCH).

Para Cardozo hubo cierta indiferencia en Tarija a un tema tan importante para el departamento.

“Nos sentimos un poco solos”, expresó, al señalar que se tuvo una pálida acción legal, pero no se tuvo un apoyo social a diferencia de Chuquisaca, en donde se vieron salas llenas con gente en la Asamblea Departamental y la Gobernación de Chuquisaca viendo la audiencia y esperando los resultados.

Dijo que no se vio la unidad que se debía haber esperado en Tarija, la reacción política y social sobre este tema, que podría afectar de gran manera a la economía del departamento.

A pesar de los argumentos presentados de que no se puede aplicar de manera retroactiva el nuevo factor de distribución, los vocales de la Sala Constitucional Primera emitieron una resolución a favor de los accionantes, sin estar totalmente pegados a la Ley.

“Su fallo es más político, esta intentando forzar la figura (…) piensan que es un solo factor, que es una mera actualización”, agregó.

Cardozo explicó que los vocales entendieron que se estaba hablando del mismo factor de distribución y que con el nuevo estudio se hace sólo una actualización.

Extrañamente determinaron que el nuevo estudio se aplique en el cómputo de las regalías para Tarija y Chuquisaca de los meses de junio, julio y agosto.

Tarija podría quedar endeudada

Para Marco Antonio Cardozo lo más llamativo de este tema, son las declaraciones de autoridades de Chuquisaca que pretenden con la resolución de la acción aplicar de manera retroactiva en los cómputos que ya estaban consolidados.

Según Cardozo se abre la puerta para que pretendan aplicar el nuevo factor de distribución a las regalías que ya fueron pagadas, según Chuquisaca de manera errada y que Tarija pueda devolver 300 millones de bolivianos. 

Indicó que gracias a la unidad entre oficialismo y oposición en Chuquisaca han conseguido millones de bolivianos para su departamento a diferencia de Tarija.

Ahora falta saber que se determinará por el nuevo estudio del factor de distribución, que según Cardozo se podría establecer casi la totalidad  (95%) de las regalías a favor de Chuquisaca.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ahora debe revisar la resolución y revocar parcialmente, en su totalidad o ratificar la decisión tomada por la Sala Constitucional Primera.

Considera que Tarija no se debe quedar con los brazos cruzados y se debe buscar activar otras acciones para frenar esta situación.