A través de diversas plataformas, el senador Rodrigo Paz, remitió una petición de informe al fiscal general del Estado para que explique los elementos de convicción por los cuales se determinó la imputación de la fiscalía contra las autoridades, cívicos y otros dirigentes de Tarija, por la convocatoria, entonces ley 1386 (antilegitimación de ganancias).
Aseguró que la fiscalía pretende acallar las voces de las autoridades y ciudadanía tarijeña. “Tarija tiene derecho a reclamar, Tarija tiene derecho a elevar su voz y sus autoridades tienen el derecho a marchar a lado de su pueblo para reclamar lo que es injusto”, manifestó Rodrigo Paz.
La Fiscalía imputó al gobernador de Tarija, Oscar Montes, al alcalde de la capital, Johnny Torres, al presidente del Comité Cívico tarijeño, Adrián Ávila, y al ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por los presuntos delitos de separatismo e instigación pública a delinquir.
Se llevara a cabo la petición de informe escrito para luego obtener respuesta y asi mostrar e informar al pueblo.
