(Roberto A. Barriga/ El Andaluz)
La demanda que realizó Cosett a la transnacional conocido como Tigo, se encuentra durmiendo en Sucre, hasta la fecha, no existe respuesta de la petición de los informes, en febrero desde Sucre dijeron que el caso se resolvería, entrando a la ultima quincena de septiembre el caso sigue en silencio.
Según nueva información a la cual accedió El Andaluz, se presume que dentro del sistema judicial habría una persona que ayuda a Tigo, se sospecha que Fernando Escobar Pacheco, recibe todas las denuncias sobre la transnacional y siempre apoya para que salga a favor de la empresa de telecomunicaciones, la situación es preocupante.
Se solicitó informes al presidente del Tribunal Constitucional para saber por qué no se resuelve el caso Cosett en tanto tiempo, las dos sesiones del pleno del Senado, reclamó por qué el presidente no viaja hasta la ciudad de La Paz para explicar la demora.
“Ni siquiera han ido a dar informe, ni siquiera han respondido los “Píes” (Petición de Informe Escrito)”, explicó, también comentó que se solicitó informes orales, pero fue ignorada toda petición, hasta la fecha.
“Hemos pedido que por favor se resuelva (…) en febrero nos dijeron que en una semana se resuelve” comentó Arce.
La senadora apuntó que existe una persona que siempre resuelve todos los casos en los que esta involucrada la empresa transnacional Tigo, debido a esta información, Arce solicitó informes escritos sobre él, ya que según información a la que pudo acceder El Andaluz, Tigo sale ganando en todos los procesos.
Hasta la fecha tampoco se dio información sobre Fernando Escobar Pacheco, que sería la persona involucrada en la resolución del caso y administra todas las denuncias que llegan de la trasnacional, esto levantó las sospechas no solo de Arce sino, del representante legal de Cosett, Freddy Galarza, quien señaló algo posiblemente irregular en torno a Fernando Escobar Pacheco.
Antecedentes
La Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija (Cosett) ganó la contrademanda interpuesta en contra de la empresa Telefónica Celular de Bolivia (Telecel), más conocida como Tigo. Por el uso de infraestrucuctura desde el año 2001, Tigo deberá pagar un monto de 101 millones de bolivianos.
La justicia en Tarija falló a favor de Cosett, sin embargo, la transnacional, decidió apelar a instancias superiores en Sucre, y hasta el momento el caso levantó sospechas, acusaciones y muchos rumores, se está investigando supuestos sobornos para que salgan a favor de la cooperativa o de Tigo.
Hasta el momento la información apunta que Tigo intenta sobornar a la justicia, para no pagar la suma de 101 millones de bolivianos, por otra parte, este monto supone salvar a la cooperativa tarijeña, ya que, tras años de actos de corrupción, negligencia y mala administración, está al borde de la quiebra, no existe persona que asegure que Cosett es una empresa limpia, pero tampoco personas que hayan pagado por su actual estado.
Estamos frente a uno de los casos más importantes para Tarija, pero también uno de los que más preguntas levantan.
Buenos días, soy el Abogado Fernando Escobar Pacheco, mencionado en la nota de prensa, de conformidad al art. 14 (Derecho de Rectificación o Respuesta) de la Convención Americana de Derechos Humanos, tengo a bien responder la injusta y agraviante nota de prensa del 21 de septiembre de 2020.
Considero que esta nota de prensa contiene improperios, información imprecisa y errada que no están a la altura de las circunstancias; en efecto, en primer lugar, considero que, «las dudas del Señor Galarza» deberían ser contrastadas previamente con mi versión de las cosas, antes que se publique algo que puede resultar difamatorio o calumnioso.
El art. 16 del Código Civil (Conc. art. 21. 2 de la CPE) protege el derecho a la imagen contra todo tipo de agresión ilegítima, contexto en el cual considero altamente irresponsable, generar una afirmación como la siguiente:
«Según nueva información a la cual accedió El Andaluz, se presume que dentro del sistema judicial habría una persona que ayuda a Tigo, se sospecha que Fernando Escobar Pacheco, recibe todas las denuncias sobre la transnacional y siempre apoya para que salga a favor de la empresa de telecomunicaciones, la situación es preocupante».
Esta afirmación implica una presunción contraria al art. 116 de la Constitución Política del Estado, principio aplicable no sólo en el escenario de procesos judiciales, sino en la labor de los periodistas en una sociedad democrática y de respeto a los derechos humanos, a efectos de evitar incurrir en ilegítimas violaciones de los derechos fundamentales y de la personalidad (se sugiere leer el libro Responsabilidad de los medios de prensa de Zannoni, E.. y Bíscaro, B.)
Al mismo tiempo de cuestionar la forma en la que se generó esta nota de prensa, desmiento públicamente su contenido, en especial la afirmación: «Se sospecha que Fernando Escobar Pacheco, recibe todas las denuncias sobre la transnacional y siempre apoya para que salga a favor de la empresa de telecomunicaciones».
En efecto, existen dos nociones muy básicas de ética y de Derecho que deberían ser conocidas por mis interlocutores:
Primero, en calidad de ex Abogado Asistente y Letrado del Tribunal Constitucional nunca tuve la función de recibir «denuncias» de nadie. Las atribuciones de la Justicia Constitucional, se encuentran claramente detalladas en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, que a grosso modo son : i) revisión de acciones tutelares, ii) control de constitucionalidad normativo, iv) control competencial, y, iv) otras atribuciones nominadas (se sugiere ver los arts. 202 de la Constitución Política del Estado y arts. 29 y siguientes del Código Procesal Constitucional).
Como podrá evidenciarse, en ninguna de estas atribuciones el personal del Tribunal, y menos los Letrados o Abogados Asistentes reciben «denuncias»; sino que brindan un apoyo jurisdiccional con criterios técnicos a los Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 36 de la Ley 027).
Segundo, el funcionamiento del Tribunal Constitucional no permitiría que un servidor público «reciba» todas las acciones relativas a una empresa o a una persona específica; en razón a que existe un régimen de sorteos, nueve magistrados y cuatro salas, que harían materialmente imposible que un sólo abogado reciba todos los casos de una empresa o de una persona.
Por otra parte, la nota de prensa señala que yo «siempre apoyo para que salga en favor de la transnacional»; este es un aspecto absolutamente erróneo y ajeno a la realidad y que reincide en el daño a la imagen del suscrito.
Rechazo, absolutamente este aspecto, ya que en 15 años de ejercicio profesional, siempre he trabajado con absoluta honestidad, imparcialidad y transparencia, ejerciendo una carrera profesional irreprochable desde el punto de vista ético y jurídico.
Entiendo los ataques hacia mi persona para generar un escenario de presión para que el fallo al que se hace referencia en la nota de prensa salga favorable a los intereses de una de las partes.
Sin embargo, al respecto, tengo a bien informar que:
1. En mi condición de ex Letrado y Abogado Asistente del Tribunal Constitucional, no tengo la labor ni la función de decidir el resultado de un fallo constitucional, ya que la labor de los servidores públicos es de apoyo jurisdiccional y no propiamente jurisdiccional;
2. No tengo ni he tenido interés directo o indirecto en el tema en cuestión; tampoco buscaría favorecer a nadie, nunca lo he hecho a lo largo de casi 10 años de trabajo en el Tribunal Constitucional;
3. En mi calidad de ex Letrado del Tribunal Constitucional no tengo ni he tenido ningún poder de decisión para favorecer o perjudicar a alguna de las partes involucradas en un caso en concreto.
He ingresado al Tribunal Constitucional con un examen de competencia en la gestión 2006; y desde entonces he trabajado por esa institución en diferentes periodos de tiempo, esto me ha permitido evolucionar en mi carrera profesional de manera absolutamente honesta dedicada y transparente.
Por ello no acepto, y considero injusto y lesivo ser el objeto de ataques, injurias, calumnias e improperios; y que se me utilice como parte de una «estrategia» de «presión» al margen de la legalidad y la ética profesional, para poder buscar un resultado favorable en un caso en concreto.
Sería bueno recordar a quienes consideran una buena estrategia presionar y usar mecanismos de amedrentamiento, uno de los mandamientos del abogado que nos legó Eduardo Couture, quien decía:
«Piensa – El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando».
Fernando Escobar Pacheco