Osmar Arroyo/El Andaluz
Marco Antonio Oruño, fue denunciado por su vecino el abogado Giaffar Leytón por supuesto maltrato animal a finales del 2019, acción legal a la que se sumó Gonzalo Torres como presidente de la Asociación Protectora de Animales de Tarija (SPAT).
Una vez iniciado el proceso ante el Ministerio Público, la justicia determinó que los animales no podrían quedarse con Oruño mientras duraba la investigación y fueron puestos en custodia de Gonzalo Torres.
La persona denunciada indicó a El Andaluz que dentro del proceso se emitió una resolución de sobreseimiento, es decir que no se encontraron pruebas en contra de la persona denuncia por supuesto maltrato animal, razón por la que la juez tercera de instrucción emitió una orden para Torres devuelva el perro que le pertenece al señor Oruñó, situación que no se cumplió hasta la fecha.
El afectado, indicó que se emitió una segunda orden con la que se notificó a Gonzalo Torres para la devolución de los canes, pero no lo hizo.
Peritaje veterinario
Marco Antonio Oruño, indicó que después que al inicio del proceso no se realizó el peritaje con un profesional veterinario para verificar si había signos de maltrato en los cinco perros.
Oruño, explicó que cuatro perros que estaban en su poder fueron rescatados de la calle, eran cuatro cachorros y tenía un perro grande de raza y entrenado que es de él, pero los cinco fueron dados en custodia de Torres.
Según, Oruño, los resultados de la evaluación del veterinario establecieron que no había signos de maltrato en ninguno de los animales y que los gastos para realizar la evaluación tuvieron que correr por cuenta propia, como se lo habían indicado desde la Fiscalía.
Al contar con esos resultados, indicó que Torres solicitó la evaluación de los canes con otro veterinario, quién habría llegado a la misma conclusión del primero.
El denunciado, indicó que los perros en su casa tenían una casa y alimento balanceado y que incluyendo al suyo eran tratados de la misma manera.
Señaló, que los cinco perros fueron esterilizados para cortar el ciclo de reproducción de los animales.
“Ninguno tenía lesiones de nada”, expresó, a tiempo de mencionar que a pesar de que ya se contaba con la evaluación de los canes, el proceso todavía estaba abierto por varios meses más.
Mencionó, que al noveno mes del proceso, el fiscal a cargo del caso decidió emitir una resolución de sobreseimiento, la misma que fue ratificada por la fiscal departamental en ese entonces, Carla Oller y dijo que esa decisión en ningún momento fue objetada por Gonzalo Torres.
Señaló, que tuvo que peregrinar durante tres meses para que se notifique a las partes con el cierre del caso.
Resaltó, que a Gonzalo Torres, le dieron una semana para que pueda objetar la decisión del Ministerio Público, pero no lo hizo.
Orden judicial
Oruño, explicó que la juez en lo tercero notificó a Torres con una orden judicial para que devuelva los perros, la resolución se emitió el 15 de diciembre del 2020.
Comentó, que cuando fue la primera vez de manera personal a notificar a Torres, éste le habría indicado que vaya una persona idónea a notificarlo y no le recibió el documento, fue entonces que tuvo que volver con una abogada del juzgado para lograr notificar.
“El dijo delante de la doctora “no tengo nada que hablar contigo, tengo que hablar con la jueza”, contó Oruño.
Según el propietario de los perros, Torres no respondió y tampoco ingresó algún memorial sobre la devolución de los perros.
Recordó, cuando se inició el proceso en contra de él y Torres fue con una orden judicial para que Oruño entregara los perros, él lo hizo, pero ahora el activista no quiere devolver al perro.
Oruño, aclaró que de los cinco perros, uno es de su propiedad y los otros cuatro eran canes rescatados.
Ahora exige que le devuelvan a su perro, como lo señala una orden judicial.
Mencionó, que cuando entregó a su perro, tenía una infección en el oído y que tenia que ser tratado por un veterinario, pero al entregarle la mascota a Torres, ahora no sabe si recibió o no el tratamiento, porque se corría el riesgo de que el perro quedara sordo.
Marco Antonio Oruño, señaló que Torres ahora estaría cometiendo dos delitos, uno por desobediencia a la autoridad, por no cumplir con la orden judicial y también estaría cometiendo apropiación indebida, por tener en su poder a un perro que no le pertenece.
Oruño, anunció que asumirá las acciones legales que correspondan contra Torres, por haberlo acusado sin pruebas y de manera indebida.
Señaló, que su vecino abogado, Gonzalo Torres y él eran amigos, pero llegaron hasta ese extremo para poner una denuncia en su contra para quitarle a los perros.
Torres prefirió no emitir criterio al respecto por el momento, hasta que hable con las autoridades competentes, para recién emitir algún criterio al respecto de esta situación.