Osmar Arroyo/El Andaluz La defensa de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martin Irusta presentó una acción de Libertad, argumentando ilegalidad en las aprehensiones, el recurso fue denegado este viernes, primero por la Sala Constitucional Tercera de La Paz y posteriormente por una Sala Constitucional en Santa Cruz. El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra de los aprehendidos por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. En entrevista en el programa la Radio TV de Radio y Televisión Andalucía, cadena hermana del periódico El Andaluz, el exfiscal General del Estado, Marcelo Soza indicó que sobre la legalidad de la aprehensión y la via por la cual debería ser procesado el Fiscal General, existe un vacío en la Ley 044 que se trata sobre juicios de responsabilidades, está el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Supremo, Fiscal General entre otras autoridades. «El procedimiento solamente hace referencia al presidente y al vicepresidente en la forma de juzgamiento, inclusive hay una lista de que serían los delitos en el ejercicio de sus funciones, (…) ya cuando vamos un poco retrocediendo la Ley 044 refiere, no recuerdo el artículo, pero está un poco más abajo, el procedimiento para juzgar a los ministros de la corte suprema, Fiscal General y no dice que tipo de delitos, dice delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuales son esos delitos, o sea, la Ley no los describe, debería remitir a los mismos delitos que son juzgados, tanto para el presidente como para el vicepresidente», expresó. Sobre los delitos comunes, en este caso narcotráfico, Sosa indicó que la Ley dice que debe juzgarse por la via ordinaria, pero las autoridades jerárquicas como el presidente, vicepresidente, ministros, Fiscal General,.entre otras autoridades son electas en algunos casos por el voto popular o por el voto en la Asamblea Legislativa. Señaló que de cierta manera un juez no puede ordenar de manera directa la aprehensión, que debe haber necesariamente una autorización de la Asamblea, porque fue la instancia que lo eligió. «Tiene una prerrogativa nos guste o no, o independientemente de las cosas que haya hecho, no haya hecho el Fiscal General, entonces, pienso que esa aprehensión es obviamente ilegal e inconstitucional porque viola una de los fundamentos del debido proceso, entonces esa aprehensión es nula desde cualquier punto de vista», apuntó. Aclaró que el juzgamiento es por la via ordinaria, pero que tiene que haber una autorización del ente legislativo, quien lo eligió, por la envestidura que representa esa autoridad, Trabajo de inteligencia El capitán Sergio Castro, experto en inteligencia de las Fuerzas Armadas indicó que la inteligencia se resume en la búsqueda de información para poder procesarla en un escenario de seguridad de Defensa. Para Castro no se ve ninguna ingerencia del Escudo de las Américas dentro del territorio nacional en este caso. Sobre el dinero en la ambulancia, dijo que viola todos los principios de la criminalística, uno porque se rompe la cadena de custodio cuando se ejecuta y se empieza a contaminar la prueba, porque en el momento en el que la Policía empieza a tocar los billetes y a contar públicamente y sacarse fotos contando el dinero, sin guantes, manipulando las evidencias, contaminando las evidencias, están destruyendo las evidencias. Remarcó que una evidencia contaminada es como no tuviera una evidencia. Castro también se refirió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, cuando refiere que a raíz de un vídeo en donde Sebastián Marset dice que el fiscal Roger Mariaca era su amigo se genera este tipo de operaciones. Explicó que se vídeo es de cuando Marset estaba en Bolivia y que de acuerdo a las mismas declaraciones de Oviedo, el operativo para la captura de Marset fue realizado 100 por ciento por la Policía Boliviana y la participación de la DEA solo se limitaba esperamos en el aeropuerto y poder sacarlo fuera del país. Indicó que el policía que toma la declaración de Marset ha debido ser de la Policía Boliviana y se vídeo ha debido ser de conocimiento deliinistro Oviedo en ese momento, pero recién se está mostrado ahora. Sergio Castro señaló que tiene información que el policía asignado al caso sería Brayan Aguilera, aunque esa información recién se va a confirmar y remarcó que ese policía es el sobrino hijo de Jhonny Aguilera. Si se confirmará está información, dijo que no puede ser que el capitán Brayan Aguilera esté asignado al caso, que si esposa es la mayor Sandoval, que fue encargada de la unidad de investigación financiera, que pasaba la información a la UIF. Señaló que Sandoval debería haber alertado del Movimiento económico que tenía Roger Mariaca y dijo que eso también debería investigarse. Navegación de entradasPromulgan norma que modifica Ley 260 y establece que la ALPB podrá disponer la suspensión definitiva del Fiscal General