Redacción Central/El Andaluz

El Gobierno militarizó las plantas de YPFB denunciando un «sabotaje», en lo que parece ser una cortina de humo que no resuelve el problema de fondo: la mala calidad del combustible. Mientras el presidente Rodrigo Paz despliega a las Fuerzas Armadas para «blindar la soberanía energética», la medida es vista como un show mediático que evade la responsabilidad principal: el control técnico de la gasolina, una tarea que no corresponde a los militares, sino a una cuestionada y ausente Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La puesta en escena: militares para un problema técnico

En un mensaje televisado con tono marcial, el presidente Paz anunció el resguardo de las plantas estratégicas de YPFB por parte de las Fuerzas Armadas. La justificación: un «acto deliberado de sabotaje» impulsado por «estructuras organizadas» y «mafias» internas para desestabilizar a su gobierno.

«Estamos actuando en defensa de la patria», afirmó el mandatario, asegurando que la medida busca «garantizar la trazabilidad completa en la cadena de producción y distribución».

Sin embargo, la pregunta es ineludible: ¿qué puede hacer un soldado para verificar la composición química de la gasolina? Los militares pueden vigilar perímetros y controlar accesos, pero no tienen la capacidad técnica ni la competencia legal para fiscalizar el octanaje, los niveles de goma o la presencia de manganeso en el combustible. La calidad de la gasolina no se garantiza con fusiles, sino con laboratorios y peritos especializados.

La usurpación de funciones y el silencio de la ANH

La decisión de militarizar las plantas profundiza una grave irregularidad que ha marcado toda la crisis: la usurpación de funciones y el silencio cómplice de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según su mandato constitucional, la ANH es la única entidad responsable de «regular, supervisar, controlar y fiscalizar» la calidad en toda la cadena. Sin embargo, en esta crisis ha sido YPFB —la empresa operadora y ahora señalada— la que ha liderado la comunicación y las supuestas soluciones. Ahora se suma el Ejército a la ecuación.

La ANH, que debió ser la primera en detectar y sancionar la distribución de combustible defectuoso, ha mantenido un perfil bajo, y su directora, Margot Ayala, ha sido respaldada por el ministro de Hidrocarburos a pesar de su evidente inoperancia. El despliegue militar, por tanto, no es más que una pantalla que oculta el fracaso del ente regulador.

Una cortina de humo para evadir responsabilidades

La narrativa del «sabotaje» y la respuesta militar parecen diseñadas para desviar la atención de las múltiples contradicciones del Gobierno en este caso. Cabe recordar que, antes de hablar de un «plan sistemático para desestabilizar», el Ejecutivo dio otras tres versiones:

  1. Negó el problema.
  2. Admitió un «error técnico» en la mezcla.
  3. Culpó a «residuos heredados» de la gestión pasada.

Al denunciar un sabotaje, el Gobierno intenta convertir un escándalo de mala gestión y posible corrupción en un asunto de seguridad nacional. La militarización sirve como una puesta en escena de «mano dura», pero no responde a las preguntas de fondo: ¿quién compró el combustible de mala calidad?, ¿por qué fallaron los controles de la ANH? y, lo más importante, ¿quién pagará por los miles de vehículos dañados por una gasolina que, con o sin militares, sigue generando desconfianza?

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