El misterio del avión Hércules: Gobierno quema millones y culpa a saqueos para ocultar la verdad

Redacción Central/El Andaluz

El misterio del avión Hércules siniestrado en El Alto ha dejado al descubierto a un gobierno que, en lugar de explicar el origen de un millonario cargamento de dinero transportado sin seguridad, ordenó quemar la evidencia y se enfocó en denunciar saqueos de la población. Tras la tragedia que dejó 22 muertos y 37 heridos, la narrativa oficial se centró en la «actitud vandálica» de algunos vecinos, mientras las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿de dónde venía el dinero, por qué se movía en un avión militar y por qué la primera reacción fue destruir la carga?

La Cortina de Humo: Estigmatizar a El Alto para Desviar la Atención

La estrategia del Gobierno fue clara desde el primer momento. Tras el accidente del Hércules FAB-81, que transportaba millones de bolivianos para el Banco Central de Bolivia, el discurso oficial no se centró en la tragedia humana ni en las fallas de seguridad, sino en el comportamiento de un grupo de personas que se acercó al lugar del siniestro.

Funcionarios, incluyendo al propio presidente del BCB, David Espinoza, calificaron a los vecinos de «vándalos» y justificaron la incineración de parte de los billetes como una medida para «neutralizarlos». Esta narrativa fue amplificada en redes sociales, generando una ola de estigmatización contra la ciudad de El Alto.

Sin embargo, voces como las de las senadoras Soledad Chapetón y Elena Pachacute salieron a frenar esta «injusta generalización». «Aquí se debería privilegiar a las personas fallecidas, a los niños, hombres y mujeres que han sido inocentes», reclamó Pachacute, cuestionando que el debate se desviara hacia el dinero en lugar de la tragedia.

Tres Escándalos Aéreos: Un Patrón de Opacidad y Contradicciones

El misterio del Hércules no es un hecho aislado. Se suma a otros dos escándalos aéreos recientes que han puesto en jaque la credibilidad de los controles estatales, configurando un patrón de opacidad y versiones contradictorias:

  1. Las «Narcomaletas»: El ingreso de 32 maletas con droga y armas a Viru Viru en un jet privado, presuntamente facilitado por el uso de un pasaporte diplomático inválido y con la supuesta complicidad de un juez.
  2. El Avión de TAB con Marihuana: La incautación de 356 kilos de marihuana líquida proveniente de EE. UU. en un vuelo de carga de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una empresa estatal dependiente de la Fuerza Aérea.

En los tres casos, la respuesta del Gobierno ha sido confusa, con deslindes de responsabilidad y una notable falta de claridad, alimentando la sospecha de que existen graves fallas estructurales en la seguridad aeroportuaria del país.

Las Preguntas sin Respuesta: ¿Qué Oculta el Vuelo del Hércules?

Mientras se demonizaba a la población alteña, las preguntas cruciales sobre el vuelo del Hércules quedaron convenientemente en el olvido. La versión oficial, que habla de una simple «entrega programada» al BCB, no explica una serie de irregularidades alarmantes:

  • ¿Por qué transportar millones en un avión de carga militar? El uso de una aeronave de TAB para mover tal cantidad de dinero, en lugar de empresas especializadas, levanta sospechas sobre la intención de evitar controles.
  • ¿Cuál era el origen real del dinero? No se ha presentado documentación transparente que respalde la operación.
  • ¿Por qué se ordenó quemar la evidencia? La justificación de incinerar los billetes para evitar «saqueos» es inverosímil y alimenta la sospecha de que se buscaba destruir pruebas.
  • ¿Por qué tantas versiones contradictorias sobre los billetes? Primero se anunció la inhabilitación total de la Serie B; luego, una «invalidación temporal» de 48 horas, generando un caos que el BCB tuvo que intentar solucionar con un verificador digital.

Mientras tanto, la verdadera tragedia, la de familias como la de Marcial Pérez, quien perdió a siete de sus parientes y cuyo hijo de 12 años quedó con ambas piernas amputadas, quedaba en un doloroso segundo plano, evidenciando las prioridades de un Gobierno más preocupado por controlar la narrativa que por atender a las víctimas.

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