Osmar Arroyo/El Andaluz
En la semana pasada, el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya presentó ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos Tarija una solicitud para la aplicación de medidas cautelares ambientales para la suspensión temporal de actividades en el proyecto de perforación del pozo Domo Oso X3 en San Telmo Norte.
Instituciones de Tarija confirmaron, a la cabeza del Comité Cívico de Tarija, dos comisiones técnicas, una legal y otra técnica ambiental.
La senadora Marcela Guerrero, que es parte de la comisión legal informó a El Andaluz que se analiza la posibilidad de adherirse a la acción presentada por la Defensoría del Pueblo, que busca frenar la actividad petrolera que pueda afectar la reserva de Flora y Fauna de Tariquía.
Destacó el trabajo del Defensor del Pueblo, por la medida cautelar ambiental solicitada, que correspondía presentar esta medida, que tiene cinco días de plazo para conocer una respuesta del juzgado Agroambiental.
Mencionó que la comisión legal está confirmada por varios abogados y personas entendidas en la materia, también se trabaja en buscar la manera de que se pueda dar de baja los procesos judiciales en contra de comunarios de Chiquiacá, por el presunto delito de asociación delictuosa.
Auditoría ambiental
Por otra parte, indicó que el pedido de una auditoría ambiental, es una demanda de sectores de la población, instituciones afiliadas al Comité Cívico, para que se solicite que se inicie con las auditorías ambientales.
Señaló que existen los suficientes elementos técnicos y legales para iniciar con la auditoría ambiental, viendo irregularidades que se habría cometido.
La forma en la que se ha llevado adelante la aprobación de la licencia ambiental, también mencionó como se está viendo, desde instancias de gobierno, la indemnización a propietarios que no han podido respaldar su derecho propietario.
Existen cuestionamientos a la consulta previa, que no se habría cumplido con la normativa vigente, Ley de Medio Ambiente, la Constitución Política del Estado y Decretos.
Remarcó que se debería haber realizado dos consultas previas y seguir procedimientos. Mencionó que en la última reunión sobre el tema, comunarios indicaron que se habría usado las firmas de los refrigerios de las reuniones que se ha tenido en la socialización, por ese motivo, dijo que consideran que ese proceso está viciado y que corresponde una auditoría.
Pausa ambiental
Sobre el pedido de una pausa ambiental, Guerrero señaló que piensan plantear el tema en el proyecto de Ley nacional que se podría presentar en los próximos días.
Mencionó que este jueves, tiene pensando realizar una visita a la reserva de Tariquía para socializar las acciones que se pretenden llevar adelante.
Remarcó que la pausa ambiental es parte fundamental del proyecto de Ley, pero también se plantea la protección de la reserva y del área de amortiguamiento, la zona de influencia.
Explicó que el argumento del gobierno es que el proyecto no está dentro de la reserva y estaría permitido.
Antecedentes
Por otra parte, la senadora tarijeña indicó que en la acción del Defensor del Pueblo se hace notar la modificación a los límites de la reserva, que se habría realizado hace varios años atrás.
Dijo que ese tema que se quiere hacer notar, en el pedido de auditoría ambiental, de cómo se llevaron adelante todos los pasos administrativos y si se cumplió con la norma.
«Hemos escuchado a voz viva, quienes estaban, anteriores autoridades del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), que todos estos puntos habrían sido modificados, (…) si el hecho se confirma se tendrían que anular todos los actos y volver a foja cero», apuntó.
Reiteró que el pedido de Tarija, es que no se realice actividad petrolera, ni en la reserva, ni en la zona de amortiguamiento.
