Osmar Arroyo/El AndaluzEn una entrevista en el programa Antes de Media Noche de Televisión Andalucía, cadena hermana del periódico El Andaluz, el responsable de prensa y propaganda de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), David Garamendi y Wilson Matías, responsable de Planificación de la Fejuve, Franklin Arancibia, dirigente de la Junta de Padres de Familia de Cercado abordaron la problemática del microtráfico de sustancias controladas que afecta a unidades educativas.David Garamendi indicó que está es una problemática latente en todo el país que afecta a jóvenes y a todo el entorno familiar.Arancibia indicó que preocupa está situación y de manera personal, cree que se ha naturalizado este problema, el consumo y el microtráfico dentro y fuera de las unidades educativas.«El Estado, el gobierno, empezando del presidente que Leyes ha impulsado hasta el momento, todos los políticos en campaña, presidente gobernadores y alcaldes, qué dicen, prioridad a la educación, prioridad a la comunidad estudiantil porque son el presente y el futuro», expresó.Cuestionó la falta de acciones por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno para poner un alto a esta problemática.Mencionó el programa «Mochila Segura» que es un mecanismo de prevención, pero lo han suspendido y que pondero más, mediante una sentencia constitucional, la intimidad, la privacidad.«Así está la justicia se podría decir y la parte judicial y la Defensoría del Pueblo que ha presentado la denuncia. Yo me preguntó a qué pueblo defienden, a qué población defienden, Derechos Humanos, a qué humano defienden», apuntó.David Garamendi señaló que se necesita saber cuáles serán los mecanismos de protección, porque el microtráfico de sustancias controladas no es un problema reciente.Mencionó que convierten a estudiantes en consumidores y cuando no pueden acceder a estas sustancias por los costos, algunos empiezan a comercializarlo.Comentó que la manera de acercarse a los estudiantes, por parte de las personas que trafican con sustancias controladas, primero es ganándose la amistad de los jóvenes, posteriormente invitando u obsequiado estás sustancias.«A partir de ahí, tenemos fehaciente conocimiento que esto se da en diferentes unidades educativas y es raro el padre que no haya escuchado a su hijo hablar de que, tal o cual compañero está inmerso en este tipo de situaciones», expresó.Señaló que es importante que los padres de familia vean la conducta de sus hijos, que el consumo de sustancias conlleva a un incremento en la agresividad, el abandono de estudios, pérdida de objetos.Por su parte Wilson Matías indicó que, según datos de la Defensoría de la Niñez, tres menores de edad fueron encontrados con sustancias controladas en sus pertenencias y se les estaría llevando a procesos correspondientes.Remarcó que se hizo la denuncia pública, para que las autoridades, tanto la gobernación, Alcaldía, el Comando de la Policía puedan tomar las acciones correspondientes y se evite que esto se propague en TarijaEl dirigente de la Junta de Padres de Familia dijo que viene denunciando públicamente estos hechos, pero más prima el prestigio de una unidad educativa y no los derechos de los niños.Reiteró que está situación se ha ido normalizando, pero lamentablemente no se hacen conocer las denuncias por las autoridades de las unidades educativas, por cuidar el prestigio del establecimiento.«No quieren dar a conocer, entre cuatro paredes solucionan con el papá o la mamá, no se por qué, me parece raro que la Defensoría este dando estos casos», agregó.Para Arancibia hay mucha dejadez e ineficiencia de las autoridades competentes, empezando de la unidad educativa, el director Distrital, Defensoría de la Niñez, entre otras y dijo que no hay un control, que no hay un registró, porque se soluciona de manera interna.Piden que se retome el programa «Mochila Segura», aunque sea con otro nombre y cuestionó que en la sentencia constitucional no se haya valorado varios aspectos, la magnitud del problema y de los derechos vulnerados.Adelantó que enviará una carta a la Alcaldía y a la gobernación para que se lleve adelante una reunión interinstitucional que participen todos los actores para precautelar el interés superior, la vida y salud de los estudiantes.Piden control y mecanismos de prevenciónArancibia indicó que desde la Junta de Padres e Familia se Sta gestionando un proyecto, que, a través de un crédito, para cubrir las falencias en unidades educativas, mobiliario, seguridad, cámaras de seguridad, 12 cámaras y su pantalla para monitorear, en cada unidad educativa.Remarcó que algunas unidades educativas ya cuentan con cámaras de vigilancia y resaltó que esa inversión ya fue aprobada en el Concejo Municipal y el proyecto está en finanzas del municipio.Un crédito de 30 millones de bolivianos, para solamente educación, con varios ítems, que irá a paliar muchas necesidades de las unidades educativas.Mencionó que también se necesitan leyes en favor de la población vulnerable, mecanismos de prevención.David Garamendi de la Fejuve indicó que se pide a las autoridades que se priorice presupuesto para seguridad ciudadana. Navegación de entradasFedjuve: Setar debe bs. 140 millones a Ende y plantean gestionar una conciliación con la instancia nacional