Senadora tarijeña denuncia que petrolera ofreció dinero y trabajo a comunarios para ingresar a Tariquía

Osmar Arroyo/El Andaluz

La senadora por Alianza Unidad, Marcela Guerrero indicó que se refirió a la situación en la que se encuentra la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía.

«Hoy Tariquía se encuentra en un peligro inminente, hemos venido desarrollando un andamiaje, nuestras comunidades campesinas del lugar se encuentran en indefensión. Han manifestado a voz viva, que les han ofrecido montos de dinero de 400 mil bolivianos, para que puedan ellos dar viabilidad, a qué puedan ingresar las petroleras, con la referencia de que son para proyectos sociales, han ofrecido garrafas, han ofrecido regalo a los niños, desde mochilas, material escolar», expresó.

La legisladora nacional por Tarija, en una conferencia de prensa en la sede de gobierno, señaló que las empresas petroleras también ofrecieron trabajos a los comunarios, que han generado conflictos, peleas internas dentro de las comunidades campesinas.

Guerrero dijo que los que no aceptaron, hoy se encuentran los dirigentes procesados, tienen dos procesos penales.

Mencionó la audiencia de inspección que se realizó por el juez Agroambiental de Entre Ríos el pasado 19 de marzo, indicó que las petroleras trataron de evitar que se lleve adelante esa inspección in situ.

«Estamos en una batalla judicial con la Petrobras, con instituciones públicas del gobierno que tratan de ingresar, de una manera desleal, tratando de mentirosas a las comunidades campesinas, trataron de marear la perdiz, llevándonos por un sendero diferente, tratando de suspender está inspección in situ, que era de vital importancia está inspección ocular, para que ya se puedan resolver las medidas cautelares que se lleva en este Juzgado Agroambiental», apuntó.

Audiencia

El pasado 19 de marzo el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos llevó adelante una audiencia de inspección, con un recorrido en la zona de emplazamiento del proyecto de exploración Domo Oso X-3, que se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tariquía.

El martes 24 de marzo se realizó la audiencia pública en el juzgado Agroambiental, la autoridad judicial determinó dar cinco días, para que el gobierno nacional presente informes complementarios, referente a la categorización del proyecto.

Se tienen observaciones, debido a que inicialmente el trámite se solicitó por la Empresa Petrobras, como categoría 1, pero posteriormente se otorgó la categoría 2.

Por otra parte, se espera que, en la instancia nacional, en el Tribunal Agroambiental se resuelva un recurso de compulsa presentada en contra del juez de Entre Ríos, que argumenta, que no tendría la competencia para resolver este tema, una vez que se emita la resolución y se presenten los informes complementarios solicitados, recién se emitirá una resolución por parte del Juzgado de Entre Ríos sobre la solicitud de medidas precautorias solicitadas por la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya presentó un recurso legal solicitando una medida cautelar para paralizar las actividades petroleras que podrían afectar a la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía.

El Defensor del Pueblo informó que se presentaron los alegatos por parte de las partes y posteriormente el juez determinó un cuarto intermedio y solicitó que el Ministerio de Planificación pueda emitir un informe sobre la inicial solicitud que había hecho Petrobras, alegando la categoría 1, en el proyecto.

Señaló que en cinco días el Ministerio debe remitir la información solicitada y posteriormente se esperará la posición que pueda asumir el Tribunal Agroambiental a nivel nacional, sobre un recurso de compulsa que se ha planteado por una de las partes en contra del juez Agroambiental de Entre Ríos.

Según Callisaya, no se tiene una fecha específica para reanudar la audiencia, que dependerá de la resolución del recurso de compulsa, con el que se le quitaría o habilitaría la competencia del juez Agroambiental para emitir una resolución sobre el tema.

Remarcó que se encuentran a la espera de la resolución del juez, para definir que otras medidas se podrían adoptar.