Redacción Central/El AndaluzEl futuro de la Reserva de Tariquía está en vilo: el Tribunal Agroambiental inició este jueves la inspección técnica que definirá si la actividad petrolera es viable, mientras los comunarios denuncian una manipulación de las licencias ambientales para favorecer a Petrobras. La inspección, que fue postergada en febrero por una maniobra dilatoria de la Procuraduría, es el resultado de una acción de la Defensoría del Pueblo y determinará si el gobierno de Rodrigo Paz y las petroleras violaron la normativa para ingresar a una de las áreas protegidas más importantes de Bolivia.La inspección: una batalla técnica por el futuro de la reservaUn equipo del Tribunal Agroambiental, acompañado por la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y representantes de las comunidades, se encuentra en la zona de Chiquiacá para realizar una inspección in situ. El objetivo, según explicó Jhonatan Acosta, del Comité de Defensa de Tariquía, es verificar si el proceso para otorgar la licencia ambiental a Petrobras para los pozos Domo Oso X-3 fue legal.«Luego de la inspección, el juez determinará si tiene sustento el pedido del Defensor del Pueblo sobre si se respetó o no el proceso normativo», declaró Acosta en Radio Fides.La clave de la inspección estará en la categorización del impacto ambiental. La decisión final del juez podría paralizar definitivamente el proyecto o dar luz verde a una intervención que, según los defensores, secaría los ríos y destruiría la biodiversidad.La denuncia de manipulación: de «daño severo» a «daño moderado»Los comunarios sostienen que la licencia ambiental se obtuvo de manera fraudulenta. Denuncian que YPFB y Petrobras, al no poder cumplir los requisitos para una licencia de categoría 1 (daño severo), que impediría el ingreso a la zona, simplemente cambiaron la clasificación a categoría 2 (daño moderado) para obtener el permiso.«Se sospecha que se ha favorecido a Petrobras», afirmó Acosta, una acusación que ya había sido documentada por el investigador Jorge Campanini en 2018, quien en ese entonces denunció una «política agresiva» del Ministerio de Medio Ambiente para otorgar licencias sin consultar a las comunidades.Un conflicto de larga data y una pausa judicialEl conflicto por Tariquía no es nuevo. Se remonta a 2015, con la promulgación del Decreto Supremo 2366, que autorizó la actividad extractiva en áreas protegidas. Sin embargo, la tensión actual estalló en enero de este año, cuando el gobierno de Rodrigo Paz utilizó a la Policía para escoltar a Petrobras, rompiendo la vigilia de los comunarios.Este hecho motivó al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a presentar una solicitud de medidas cautelares, invocando el Acuerdo de Escazú. El 17 de enero, el Juzgado Agroambiental admitió la medida y ordenó la pausa temporal del proyecto para evaluar los posibles «daños irreversibles al ecosistema».Mientras el Tribunal define el futuro de la reserva, las comunidades se mantienen vigilantes en una lucha desigual contra los intereses de un gobierno que, como lo demostró el presidente Paz en su reciente visita a Brasil, está decidido a impulsar la explotación de los recursos de Tariquía junto a la petrolera brasileña. Navegación de entradasRemiten documentación a la gobernación y al gobierno para la ayuda a comunidades afectadas en Entre Ríos Piden que se socialice con Tarija el anteproyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos
