Redacción Central/El Andaluz
La oposición ha denunciado que José Luis Lupo, excandidato vicepresidencial de Samuel Doria Medina, es el nuevo «vicepresidente de facto» de Bolivia, tras el desmantelamiento de la Vicepresidencia ordenado por Rodrigo Paz a través del polémico Decreto Supremo 5552. Figuras de distintas tiendas políticas han calificado la norma como una «actitud antidemocrática» que convierte al vicepresidente electo, Edmand Lara, en un «florero sin agua» y subordina la institución a un ministro «puesto a dedo» que ahora usurpa sus funciones.
«Vicepresidente a la sombra»: las duras acusaciones contra Lupo y Doria Medina
La reacción de la oposición ha sido unánime y contundente. El exdiputado Rafael Quispe fue uno de los primeros en acuñar el término: «Hoy Bolivia tiene un vicepresidente de facto que se llama Lupo, que responde a Samuel Doria Medina, más conocido como el Kencha».
La diputada de Libre, Lissa Claros, reforzó esta idea, acusando a Lupo de ser un «vicepresidente a la sombra». «Todas las funciones, las prerrogativas e incluso el presupuesto de la Vicepresidencia ahora lo va a manejar él. Como no ha podido ser vicepresidente de manera democrática, está intentando ser vicepresidente a punta de decretos», denunció, señalando directamente a Doria Medina como el poder detrás de esta maniobra.
Desde la izquierda, la diputada Claudia Herbas (Alianza Social) ironizó: «Desde este lunes, el vicepresidente se llama José Luis Lupo, candidato perdedor de Samuel Doria Medina».
Lara, un «empleado de Lupo» que anuncia acciones constitucionales
El propio vicepresidente Edmand Lara ha confirmado su degradación funcional. En una declaración en Santa Cruz, afirmó que el decreto ha herido a la democracia, reduciéndolo a ser un simple «empleado» de José Luis Lupo.
«Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable la situación, yo no lo esperaba», manifestó, explicando que ahora no puede «contratar a nadie ni firmar ningún memorándum» sin la venia del ministro de la Presidencia.
Lara anunció que activará acciones constitucionales contra el decreto y exhortó al Tribunal Constitucional a fallar con justicia. «Estoy defendiendo la institucionalidad, porque no se puede tener a un presidente que gobierne por decreto, de manera digital y que vulnere derechos», afirmó.
El Gobierno se defiende en la legalidad
A pesar de la avalancha de críticas, el Gobierno, a través del viceministro René Flores, ha justificado el decreto, asegurando que es constitucional y se basa en el artículo 174 de la CPE, que establece las atribuciones del Vicepresidente.
Sin embargo, para la oposición, esta defensa es insostenible. El diputado Armin Lluta (Libre) considera que el decreto es un «mal mensaje» que agudiza la crisis interna y que, en la práctica, ha creado dos vicepresidentes: «uno electo, como Lara, y el otro por decreto, como Lupo», dejando al país en un limbo de legitimidad y gobernabilidad.
