Osmar Arroyo/El Andaluz
La senadora Marcela Guerrero informó a El Andaluz que costó bastante conseguir la información sobre Tariquía, referente a los proyectos hidrocarbutiferas, que se habría ocultado información por muchos años en el país.
Señaló que, en la pasada jornada, se presentó de manera formal, ante la Contraloría la solicitud para que se realice dos auditorías ambientales en Tariquía.
Recordó que en la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía ya fue tocada, por actividad petrolera, la perforación de pozos en Churumas, Astillero, el pozo Domo Oso y también San Telmo.
Guerrero dijo que se pide a todas las instituciones que se pueda digitalizar la información y destacó que la instancia que ayudó bastante a tener acceso a información, fue la Fundación Jubileo, que pudo hacer un diagnóstico del tema.
Remarcó que la falta de transparencia en materia de hidrocarburos, ha generado muchos hechos de corrupción.
Sobre la solicitud de auditoría ambiental presentada ante la Contraloría, explicó que la primera solicita una auditoría ambiental a las modificaciones al Plan de Manejo de la reserva nacional de Flota y Fauna de Tariquía y una auditoría ambiental al nivel de categorización y evaluación del impacto ambiental, la declaración del impacto ambiental y la consulta pública del proyecto de exploración, de perforación del pozo Domo Oso X3.
«Hemos estado revisando toda la información que nos ha llegado del Ministerio de Hidrocarburos, es lamentable lo que ha ocurrido en Tariquía. En Tariquía ya existe la intervención de actividad extractivista en función», expresó.
La legisladora nacional dijo que se modificó el Plan de Manejo, dijo que ha sido, «totalmente adulterado», en la gestión 2014, se movieron las zonas de los núcleos, en donde no se puede realizar ninguna actividad petrolera.
«Sin embargo, se nota claramente la adulteración, de cómo se ha movido las zonas y cómo se ha restringido ciertas actividades para dar cabida a la explotación hidrocarburífera en la zona y están tratando de hacer la misma jugada, para que se pueda ingresar al Domo X3 en la Comunidad de Saicán», apuntó.
Con esta explicación, dijo que se ha revisado la documentación y que existen suficientes elementos para que la Contraloría General del Estado pueda proceder a que pueda definir puntos auditables.
Remarcó que se debe buscar la responsabilidad penal, civil y administrativa e incluso determinar acciones de repetición a todos los malos servidores públicos.
Mencionó que hay responsables, de cómo se ha forzado las cosas para que la actividad petrolera.
Guerrero dijo que incluso, poder sacar licencias ambientales para el manejo de sustancias peligrosas, lo que llama poderosamente la atención.
«Está en riesgo la recarga hídrica, la cabecera, en donde se quiere ingresar en el pozo Domo X3, es la cabecera de una cuenca hidrológica y no se habrían hecho ni los mismos estudios. Ha ocultado la información por muchísimos años y hemos tenido autoridades en ese tiempo, que han silenciado», agregó.
Considera que están a tiempo para que se puedan frenar estás actividades que afectan la reserva natural.
También se pide a la Contraloría, que se pueda disponer que se paralice los trabajos, hasta que se pueda determinar las auditorías.
Mencionó que la próxima semana estará en la ciudad de La Paz y que, de la misma manera, presentará la solicitud para las auditorias ante la Contraloría General del Estado a nivel nacional.
Espera que las autoridades competentes puedan dar celeridad a este tema, que en la actualidad se tiene procesados a comunarios por defender la reserva, cuando en realidad «se ha hecho un dibujo libre de Tariquía».
La senadora dijo que las auditorías se deben realizar, de manera urgente, tomando en cuenta la forma en la que se ha procedido para dar lugar a la actividad extractivista.
Señaló que se ha obviado los intereses de quienes viven en la Comunidad, que no se habría hecho un Plan de Manejo correcto.
«Se debe hacer un nuevo Plan de Manejo en la actualidad y el del 2014 debería anular en su totalidad, tomando en cuenta, que no ha seguido los procedimientos. En el tema de la categorización para el tema de la evaluación del impacto ambiental, inicialmente YPFB, de acuerdo a la documentación que se tiene, el año 2020 establecía que se debía, para hacer la declaración del impacto ambiental debía tomarse en cuenta una categorización uno y sin embargo, que hicieron, pasado un año le cambiaron a la categorización dos obviando lo que inicialmente ya había planteado el Ministerio de Hidrocarburos», señaló.
La senadora dijo que hubiera sido importante que se hubiera desarrollado en la categoría uno, sin embargo, se nota que lo habrían hecho a un nivel de conveniencia, porque es más permisible la categoría dos, para dar lugar a la actividad extractivista.
Remarcó que existen riesgos ambientales y en el tema social, que no se tienen las garantías necesarias, por eso se presentó la solicitud ante la Contraloría.
