Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
La reciente socialización de los resultados del Censo 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia ha generado preocupación en numerosos municipios del país. Según Rodrigo Fuensalida, representante del Comité Cívico para el Control del Censo, la nueva redistribución de recursos basada en estos datos podría llevar a una crisis económica en muchas localidades.
Fuensalida advierte que las disputas internas entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno están desviando la atención del verdadero problema. “Muchos municipios van a ser inviables económicamente a partir de esta nueva redistribución”. El representante señala que los recursos asignados tras el censo no son suficientes para que los municipios cumplan con sus programas y proyectos planificados hasta fin de año, incluyendo el pago a sus trabajadores.
La situación es tan crítica que incluso instituciones educativas se ven afectadas. Fuensalida menciona que la Universidad ha tenido que solicitar un incremento de recursos para poder concluir el año fiscal, ya que está perdiendo más de dos millones de bolivianos con la nueva asignación.
El Comité Cívico exige que el INE cumpla su compromiso de visitar cada departamento para explicar técnicamente los resultados del censo. Fuensalida argumenta que en muchos municipios, la suma de personas en el padrón electoral más la población estudiantil ya supera la cifra oficial proporcionada por el INE, lo que pone en duda la precisión de los datos censales.
Un caso preocupante es el del municipio de Yunchará, cuya población ha disminuido a menos de 5,000 habitantes según el nuevo censo. Esta situación podría obligar a Yunchará a fusionarse con otro municipio, previa consulta con el Viceministerio de Autonomías. Además, la reducción poblacional implica mayores dificultades para acceder directamente a recursos financieros, forzando a estos municipios a trabajar en mancomunidad con otras localidades.
Paradójicamente, algunos municipios como Uriondo enfrentarán un aumento en sus gastos administrativos. A pesar de contar con menos recursos, deberán incrementar el número de concejales de 5 a 7 en la próxima legislatura, lo que significa mayores gastos en salarios y menos fondos disponibles para la población.
Ante esta situación, Fuensalida y otros actores proponen la implementación urgente de un fondo de compensación como parte de un nuevo pacto fiscal. “Si no hay una nueva repartición con un pacto fiscal adecuado, los municipios van a ser inviables económicamente”, advierte el representante.
El Comité Cívico insta a todas las instituciones a unirse para cerrar la propuesta del pacto fiscal y establecer este fondo de compensación. La medida busca evitar que los municipios agoten sus recursos antes de fin de año y garantizar su viabilidad económica a largo plazo.