Lucha por quitar los retenes de Santa Ana y La Pintada se suspende por temor a represalias legales

Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ

La tensa situación vivida en meses pasados en torno a los retenes de peaje en las localidades de Santa Ana y La Pintada, ha derivado en acciones legales contra tres dirigentes que demandaban su remoción. José Sánchez, representante de la Asociación Nacional de Viticultores (ANAVIT) y productor local, se encuentra entre los acusados por presunta incitación a la violencia y delincuencia.

Sánchez indica que Vías Bolivia, la entidad estatal a cargo de los retenes, ha interpuesto una demanda en su contra y otros dos dirigentes por haber transmitido públicamente el descontento y la disposición de algunos pobladores a quemar y destruir las instalaciones. “A partir de haber dicho eso por los medios de comunicación, el señor director de Vías Bolivia nos ha iniciado este proceso legal”, afirmó.

La controversia se remonta a semanas atrás, cuando un sector de la población de Uriondo exigió la eliminación de los retenes argumentando que representan un obstáculo para la libre circulación y el desarrollo económico de la región vitivinícola. Sánchez asegura que solo actuaron como voceros de los reclamos populares.

“Esas fueron palabras de la gente, nosotros solo como voceros hemos transmitido aquello”, afirmó  el dirigente, quien espera una resolución judicial la próxima semana. La Fiscalía ha estado investigando el caso y solicitando declaraciones e imágenes a los medios de comunicación.

Dirigentes tienen miedo a seguir con las movilizaciones

Según Sánchez, este proceso legal ha generado temor y desmovilización entre los pobladores y dirigentes que inicialmente conformaron un comité de negociación para tratar el tema de los retenes. “Muchos de los que son del Comité de negociación que se ha conformado ese día, ya no han vuelto a hacer ninguna relación con las comunidades porque hay miedo, el sol real es directamente miedo”, lamentó.

El representante de ANAVIT critica que, a raíz de las presiones legales y políticas, algunos dirigentes e incluso transportistas han optado por negociar acuerdos particulares con Vías Bolivia para pagar menores tarifas en los retenes, desvirtuando la lucha inicial.

“Hay transportes que pagan solo dos veces cada vez que pasan el retén y eso, ¿a qué corresponde? Esa es una negociación interna y esa no es la función del Estado”, cuestionó Sánchez, quien insiste en que la solución sería implementar un sistema de telepago que no obstaculice la libre circulación.

Mientras tanto, la incertidumbre legal y las acusaciones de provocar delincuencia han obligado a los dirigentes a “bajar la intensidad” de sus reclamos, admite Sánchez, quien no descarta incluso tener que cumplir días de detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos si la sentencia sale en su contra.