Gobierno ha revelado que actualmente hay 2.882 focos de calor activos en el país, los cuales mayoritariamente son resultado de las quemas agrícolas o ‘chaqueos’. Estos focos están especialmente concentrados en los departamentos de Santa Cruz y Beni, con 2.085 y 693 respectivamente. Las quemas, una práctica común para preparar tierras para la agricultura y la ganadería, están en aumento, como lo demuestra el significativo incremento respecto a años anteriores. Por ejemplo, el mes pasado se registraron 25.555 focos de calor, una cifra muy superior a los 4.124 del año anterior y los 12.138 de 2022.
Este aumento preocupa debido al riesgo de incendios forestales incontrolables, especialmente tras la sequía del año pasado, que ha dejado la vegetación en un estado altamente inflamable. Por lo tanto, se hace un llamado a los agricultores para que manejen el fuego adecuadamente y eviten que las quemas se salgan de control, ya que esto podría desencadenar incendios devastadores.
Además, se reportó que un incendio forestal proveniente de Brasil ingresó al territorio boliviano, afectando en pequeña magnitud al Parque Nacional Otuquis. A pesar de ello, gracias a la labor de unos 72 bomberos forestales desplegados en la zona, hasta ahora se ha logrado contener en gran medida.
El humo y la contaminación del aire generados por estos incendios han obligado a las autoridades de las localidades fronterizas de Puerto Quijarro y Puerto Suárez a suspender las actividades escolares presenciales durante dos días.
El Gobierno ha presentado un plan de acción contra los incendios forestales, que incluye la implementación de un Sistema de Monitoreo de Bosques (SIMB) para identificar y controlar posibles zonas vulnerables.
En cuanto a los datos del año pasado, entre julio y noviembre, más de 3,3 millones de hectáreas de bosques, matorrales y pasturas secas fueron afectadas por al menos 160 incendios forestales registrados en el país. Esto causó preocupación y medidas de protección contra la contaminación en ciudades como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La controversia rodea a las autorizaciones para los ‘chaqueos’, con críticas de indígenas, ambientalistas y políticos opositores que piden la anulación de estas normas.
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