Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, hizo un análisis crítico de la situación económica departamental y plantea la necesidad de implementar medidas urgentes para revertir la desaceleración que se vive en los últimos años. El representante gremial abordó diversos factores que han impactado negativamente en el desenvolvimiento económico tarijeño.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2022, Tarija ha registrado un decrecimiento económico de 6,22% en el periodo 2014-2022. Romero resalta que esta cifra resulta irónica, pues “de 2005 hasta 2013, Tarija tuvo un crecimiento económico mayor que el de Bolivia, inclusive mayor que el de Santa Cruz”.
El economista atribuye este crecimiento previo a la bonanza derivada de la renta petrolera, cuando había “niveles importantes de producción y exportación” de hidrocarburos. Sin embargo, advierte que los mercados de Brasil y Argentina se han contraído, mientras que la producción departamental de gas natural ha caído en casi un 55% desde 2014, lo que implica menores ingresos por renta petrolera e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Romero lamenta que los más de 6.000 millones de dólares generados desde la nacionalización de los hidrocarburos “no han sido sembrados para el desarrollo ni generaron políticas para el desarrollo económico
En sus análisis, el presidente del Colegio de Economistas describe la situación tarijeña como “bastante difícil y compleja”, señalando que lo que mantiene cierto dinamismo en la economía departamental es “lo que gasta o lo poco que invierte las entidades públicas nacionales como subnacionales y también las actividades informales como el contrabando”.
Ante este panorama, Romero insta a “tomar acciones” más allá de los diagnósticos, pues considera que Tarija tiene un gran potencial inexplotado en el turismo, aprovechando sus diversos pisos ecológicos y zonas geográficas.
Inversiones anunciadas
El economista también abordó el anuncio del presidente Luis Arce sobre una inversión superior a los 1.200 millones de bolivianos para Tarija. Al respecto, Romero afirma que su impacto en la economía “depende en qué y cómo se invierta”.
Si bien valora la entrega de obras de competencia local, como viviendas y servicios básicos, cuestiona la prioridad de invertir casi 900 millones en una planta procesadora de vidrio plano, cuestionando el beneficio real para la economía tarijeña.
En cambio, Romero propone “potencializar el sector agropecuario” y aprovechar las reservas gasíferas del departamento, para lo cual urge a modificar la Ley de Hidrocarburos a fin de atraer inversión extranjera que brinde ”seguridad económica y jurídica”, elemento clave que buscan los inversores en un país “tan inestable como Bolivia».