Osmar Arroyo/El Andaluz
En la pasada jornada, como se tenia previsto, se llevo adelante la audiencia de la acción popular presentada por la senadora Nely Gallo, por la contaminación en el río Pilcomayo.
La audiencia se instaló a las 9:00 de la mañana y se desarrollo durante siete horas, pero el resultado no fue favorable para la accionante, porque se denegó la tutela de la acción popular.
La senadora Gallo informó a El Andaluz que se tuvo un resultado nefasto de la audiencia de la acción popular.
Dijo que el fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, los vocales Aiza y Donoso, denegaron la tutela de la acción popular.
Para la senadora los vocales tuvieron una evidente parcialización.
Indicó que después de siete horas de audiencia, se ha denegado por completo la tutela y se ha negado toda responsabilidad de los ministerios.
Lamentó, que no se haya atendido ninguno de los puntos del pliego petitorio presentado con la acción popular.
Mencionó, que los representantes de los pueblos indígenas estuvieron presentes en la audiencia y han expuesto la situación en la que se encuentran por la contaminación, pero no se ha tomado en cuenta.
Remarcó que no se ha tomado en cuenta por los vocales, los más de 20 estudios científicos que se presentaron y lo único que hicieron es negar que exista contaminación en el río Pilcomayo y deslindar responsabilidad del gobierno nacional.
“Incluso han tenido el descaro de decir que son las gobernaciones que tienen que atender una posible situación negativo ambiental”, expresó.
Acciones en instancias internacionales
La senadora adelantó que se apelará la decisión y se esperará la revisión que se realice por el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP.
También anunció que se interpondrá algunas objeciones y harán llegar sus observaciones.
La senadora Gallo dijo que se asumirán acciones en instancias internacionales, como se lo había planificado.
Mencionó que junto a legisladores supraestatales ya se ha puesto en conocimiento de Mercosur y el Parlamento Andino sobre la situación en el río Pilcomayo, señalando que estas instancias son más empáticas con los pueblos indígenas.
Pliego de peticiones en la acción popular
En una anterior entrevista, la secretaria concejal de la directiva del Concejo Municipal de Tarija, Marcela Guerrero, autoridad que se adhiere a la acción popular, informó que con la acción se hace varias solicitudes, entre las principales, la restitución de los derechos vulnerados.
Explicó, que con la acción popular se solicita a los vocales de la sala constitucional entre los primeros puntos, la reparación de los derechos vulnerados, que se conceda la tutela de la acción.
Se pide que se reconozca al río Pilcomayo como sujeto de derechos y que se ordene la suspensión o paralización de toda actividad minera que se desarrolla a lo largo del río Pilcomayo.
Que se verifique el daño ambiental provocado, que se revise los contratos administrativos mineros.
También se solicita que se haga un estudio con enfoque multisectorial a lo largo de todo el río Pilcomayo.
Se solicita que se notifique a las cooperativas mineras que operan en el río Pilcomayo o zonas aledañas y que no cuentan con una licencia ambiental.
Que se paralice todo tipo de actividad de manera inmediata.
Guerrero mencionó que también se pide que el Ministerio de Minería cumpla con las recomendaciones de forma obligatoria en el marco de la responsabilidad que tienen.
Piden reparar el daño, la afectación a especies nativas, fauna y flora en el río Pilcomayo.
La contaminación del aire, de los recursos hídricos, por la contaminación con metales pesados, cobre, arsénico, mercurio, que además, provocan daños a la salud.
Se solicita que se realice un verdadero proceso de consulta previa, vinculadas a la protección de comunidades en su territorio.
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes complementarios, que se garantice la participación de todas las organizaciones sociales, sobre todo de los afectados directos.
También se pide que se remita antecedentes ante el Ministerio Público, tomando en cuenta que la contaminación es un delito que esta establecido en el código penal, como delito ambiental y se tienen que establecer responsabilidades.
Con la acción popular, Guerrero explicó que también se solicita que se ordene a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de realizar en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas controles para evitar la proliferación de la minería ilegal.