“No podemos, a título de no generar inseguridad jurídica, incumplir con lo que dice la Constitución”, puntualizó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en respuesta a la consulta de la prensa en la ciudad de El Alto, sobre la advertencia de inseguridad jurídica a inversiones, planteada por procurador general del Estado, Hugo León La Faye, respecto al proyecto exploratorio Domo Oso X3, en Tariquía (Tarija).
En ese sentido, el Defensor del Pueblo advirtió que cualquier avance del proyecto sin cumplir la normativa y los requisitos podría constituir una vulneración a la normativa vigente y a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, entre ellos el Acuerdo de Escazú.
Asimismo, la autoridad confirmó su presencia el próximo 16 de marzo en la inspección técnica in situ del proyecto exploratorio Domo Oso X-3, en el cantón Chiquiacá – Tariquía, convocada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos.
“Nuestra presencia responde a un mandato claro: velar por la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Actuamos en el marco de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado, como el Acuerdo de Escazú, para garantizar transparencia, acceso a la información y el derecho a la consulta de las comunidades. Proteger el medio ambiente y los territorios es también defender la vida”, publicó en sus redes sociales.
Callisaya recordó que, la Defensoría del Pueblo planteó una solicitud de medidas cautelares ambientales pidiendo la suspensión de la exploración mientras se cumpla con los derechos a la consulta, el derecho a la información y a un medioambiente sano.
Aclaró que este planteamiento no se opone a las actividades económicas, sino a la ejecución de proyectos sin el cumplimiento de los estándares legales vigentes, uno de los principales cuestionamientos se centra en el proceso de consulta.
“Al momento de pedir la suspensión temporal de la ejecución de ese proyecto, hemos advertido que no se ha cumplido adecuadamente con el proceso de consulta”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Asimismo, Callisaya indicó que existen observaciones relacionadas con la evaluación ambiental del proyecto. Según detalló, “no se ha hecho una evaluación del impacto ambiental de la exploración”, requisito fundamental antes de iniciar cualquier actividad de esta naturaleza dentro de áreas protegidas o territorios con presencia de comunidades.
Otra de las irregularidades identificadas está vinculada a la situación legal de los predios donde se prevé desarrollar la exploración. “La titularidad de estos predios todavía está en proceso de saneamiento”, concluyó Callisaya.
