Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, destacó la urgencia de abordar cuestiones críticas que involucran farmacias en Tarija y en todo el territorio nacional. Estas preocupaciones se centran en la vulneración de derechos fundamentales y la amenaza que representan para la salud de la población.
Silva identificó varios establecimientos farmacéuticos en Cercado, Tarija, que incumplen con una obligación legal fundamental: la de informar al público sobre los medicamentos disponibles para la venta. Esta falta no solo constituye una violación al derecho de los consumidores a recibir información clara y precisa, sino que también socava la confianza del público en el sistema de atención médica.
Otra inquietud crucial es la presencia de individuos no capacitados, sin la titulación de regentes farmacéuticos, en algunas farmacias. Esta situación es preocupante ya que muchas personas, antes de consultar a un médico, acuden a las farmacias buscando orientación sobre sus condiciones de salud. Cuando el personal de estas farmacias carece de conocimientos en salud, las recomendaciones que ofrecen pueden ser inadecuadas e incluso peligrosas.
«El consumir un producto de contrabando significa que estamos exponiendo nuestra salud a riesgos significativos. No tenemos información sobre cómo fueron elaborados estos productos, su fecha de fabricación o vencimiento, ni siquiera si han sido desechados en su país de origen», enfatizó Silva.
El contrabando de productos farmacéuticos y alimentos no solo afecta a la industria nacional, sino que también representa una amenaza directa para la salud pública. Para abordar estas preocupaciones, se ha establecido el Comité Interinstitucional de Lucha Contra el Contrabando en Tarija. Este comité está en proceso de desarrollar un plan de acción integral.
Este plan se divide en dos componentes clave. Primero, se intensificarán los controles en las fronteras para prevenir tanto la entrada como la salida de productos de contrabando. Esto implica una colaboración cercana entre la aduana, el Senasag y el ejército para fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.
En segundo lugar, se llevarán a cabo controles internos en el mercado nacional. Esto implicará una inspección rigurosa de todos los establecimientos económicos que se dedican a la venta de productos. Cualquier establecimiento que venda productos de contrabando sin la debida autorización del Senasag o la autoridad local se enfrentará a la confiscación de sus productos y sanciones económicas que oscilan entre 1000 y 10,000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda Social). En casos graves, se considerará la suspensión o clausura de estos establecimientos.
El Viceministro Silva recordó la importancia de esta iniciativa conjunta para garantizar la salud pública y proteger a los consumidores de productos potencialmente peligrosos y de origen incierto.
Se espera que las acciones del Comité Interinstitucional en Tarija sientan un precedente en la lucha contra el contrabando a nivel nacional, y que estas medidas contribuyan a preservar la salud y la seguridad de la población boliviana.